Exministro de Zapatero niega que la gestión pública sanitaria sea siempre mejor

En una conferencia pronunciada este verano en Alzira el exministro de Trabajo del último Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, se ha mostrado partidario de los servicios públicos “pero sin apriorismos” de que la gestión pública sea siempre mejor que la privada, marcando así distancias con la política de recuperación de la gestión directa para las concesiones sanitarias que dicta Carmen Montón desde la consellería valenciana de sanidad.

Gómez ha reconocido que la responsabilidad de las decisiones sobre las concesiones es de la Administración. Pero también ha abogado por el diálogo con las empresas para limitar los efectos de las reversiones en lo tocante al interés público y a los derechos de los trabajadores, porque “si no siempre tendremos la sensación de que este proceso se ha abordado apriorísticamente”. Diálogo para el que ha recordado que la primera condición es la de no hablar en público del otro. 

Respecto al futuro de los trabajadores de La Ribera, la primera concesión que está previsto que sea recuperada para la gestión directa de la consellería que dirige Carmen Montón, Gómez considera que en este caso no hay duda de que existe sucesión de empresas, por lo que la Generalitat tendrá que subrogarlos en virtud del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. El problema está en que para pasar a disfrutar la condición plena de empleado público hay que acreditar mérito y capacidad por mandato constitucional y salvo sentencia judicial a favor. Además la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) también impide ese tránsito sin más. Lo que sí reconoce es la condición de indefinido no fijo, una condición provisional, limitada en el tiempo, una especie de limbo, fijada por la jurisprudencia, que es la la única posible para los trabajadores del departamento de salud de La Ribera.

En opinión del exministro socialista, “merecería la pena aprovechar este tiempo” -de aquí a la fecha de la reversión (abril de 2018)- para aclarar las disposiciones adicionales 26 y 34 de la ley de PGE de 2017, que mientras no sean cambiadas continuarán vigentes en años venideros y sentarán precedente en otros casos que afecten a otras administraciones, porque tal como están “chocarían con el principio de subrogación”. Además, en una visión estricta, Gómez asegura que incluso se podría pensar que abogan por la demostración del mérito y la capacidad antes incluso de que se produjera la subrogación del personal.

En cualquier caso lo que sí ha dejado claro en su charla el exministro es que las retribuciones y otras condiciones de trabajo “no serán las mismas seguro” tras la vuelta a la gestión directa, y que si se reduce el actual y amplísimo catálogo de servicios (muy superior al de cualquier otro hospital comarcal valenciano) habrá riesgo para los empleos del personal de las especialidades afectadas.