| 24 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Sánchez ya se deja fotografiar con la portavoz de Bildu, Merche Aizpurúa.
Sánchez ya se deja fotografiar con la portavoz de Bildu, Merche Aizpurúa.

El informe sobre los premios a etarras que descifra el pacto de Sánchez y Bildu

Cerrado ya 2020, las víctimas han hecho balance de la política de beneficios penitenciarios a los condenados impulsada desde la llegada de Sánchez a Moncloa y Marlaska a Interior.

| M.B España

Cerrado el año 2020 es tiempo de balance. Y el que acaban de hacer las víctimas del terrorismo no puede ser menos tranquilizador. Un informe de la AVT recopila todo un ejercicio de beneficios penitenciarios a los presos terroristas de ETA que coincide en el tiempo con la alianza del PSOE y Podemos con PNV y Bildu.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha concentrado a lo largo de los últimos 12 meses en torno al 80% de los 144 traslados de presos de ETA autorizados desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018.

Más de la mitad de los 195 etarras que siguen en prisión en España se encuentran ya a menos de 200 kilómetros de sus domicilios mientras que en las cárceles andaluzas, las más alejadas, quedan apenas una treintena, según los datos recabados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Los acercamientos se han acelerado a lo largo de 2020 en medio de críticas de partidos de la oposición y de asociaciones como la propia AVT, que vinculan estas decisiones con el apoyo de Bildu a los Presupuestos. L

os traslados se han concentrado sobre todo a la vuelta del verano, después de las restricciones por el estado de alarma decretado en marzo por la covid y que afectó también a las cárceles. Pese a ello, Marlaska ha autorizado unos 110 movimientos en 2020 sumando tanto traslados como progresiones al tercer grado de presos etarras, según los datos recopilados.

 

El sanguinario jefe histórico de ETA, Francisco Múgica, Pakito, ha pasado la navidad ya libre definitivamente.

 

La AVT cuestiona que, de los 130 etarras trasladados -algunos más de una vez, hasta sumar la cifra de 144 movimientos- por el ministerio que dirige Marlaska, 49 tienen delitos de sangre. Exigen colaboración previa con la Justicia en los casos aún sin resolver y piden una reunión con el ministro porque entienden que ha incumplido lo que les prometió en septiembre de 2018: que serían acercamientos puntuales, sin delitos de sangre y con la mayor parte de condena cumplida.

La crítica ante la "inmoral campaña de derogación de la política de dispersión" incluyó el rechazo a la última comunicación de traslados, la de final de año, ya que afectaba a Juan Carlos Iglesias Chouzas Gadafi y José Ignacio Guridi Lasa, así como Igor Portu, uno de los terroristas condenados por el atentado mortal en la T-4 de Madrid perpetrado en la Navidad de 2006.

Directamente hasta el País Vasco o Navarra han sido trasladados desde junio de 2018 un total de 26 etarras. Con Sánchez en el Gobierno se han concedido también 17 progresiones al tercer grado -cinco para etarras con delitos de sangre-. Son siete los terroristas que han alcanzado la libertad condicional y otros 25 han sido excarcelados por cumplimiento de condena.

La AVT advierte que el objetivo de los etarras es quedar libres, de ahí que teman el traspaso de la competencia de prisiones en un contexto, además, de apoyo de Bildu a unos Presupuestos que consideran que están "manchados de sangre".

Son 18 los trasladados al País Vasco y otros 8 a Navarra; aunque la cárcel de Logroño concentra 20 acercamientos autorizados, los mismos que Zaragoza; a las que siguen Burgos (13), Cantabria y Asturias (12), Soria (11), Madrid (10) y Palencia (9).

En la lista de premiados cada vez aparecen más históricos jefes de ETA o condenados con mayor número de crímenes. La AVT teme además que en cuatro meses todos los presos pueden haber sido movidos a cárceles situadas en Madrid y la zona norte de España.

Y también desconfían de los presos que son trasladados alegando Instituciones Penitenciarias que aceptan la legalidad al reconocer el daño causado, ya que entienden que se está recurriendo a "cartas de falsos arrepentimientos".