La verdad del 'procés': una alocada banda criminal organizada

El último informe de la Guardia Civil, cuyo trabajo para reconstruir todo el 'procés' golpista en Cataluña está siendo formidable, viene a confirmar lo que ya han atestiguado ingentes cantidades de pruebas, documentos y audios aportados de unos meses para acá: los cabecillas del desafío se sirvieron de las instituciones, de sus presupuestos y de sus atribuciones para actuar, como una auténtica organización criminal, contra la ley y el sentido común más elemental.

Pero además lo hicieron de una manera que, siendo muy grave, es además bochornosa, tal y como lo describe la Benemérita:  hablaban en clave, utilizaban jergas y destruían las comunicaciones a los pocos segundos de enviarlas o recibirlas. Como una auténtica mafia consciente de los delitos que estaba cometiendo.

Pero en este caso los responsables se servían de las competencias que les confiere el mismo Estado de Derecho que querían aniquilar. Y del mismo modo que malearon las leyes autonómicas, en especial las del Parlament, para intentar legalizar sus despropósitos separatistas; se sirvieron de todos los recursos públicos para imponerlo por la fuerza: la escandalosa utilización de los Mossos de Escuadra, la delegación en las subvencionadas Óminum y ANC de la agitación callejera o incluso la creación de unas Fuerzas Armadas propias forman parte de la hoja de ruta ya demostrada del separatismo.

El delito de rebelión está justificado, por mucho jurista sobrevenido que lo rechace para apoyar al golpismo

Y justifican, sin la menor duda, la imputación  de rebelión, por mucho que la pléyade de juristas sobrevenida de repente en España considere un exceso el enjuiciamiento por ese delito. La violencia no es un sólo una manifestación física en un momento determinado -en este caso la proclamación oficial de la DUI-, sino también la adopción de decisiones y medidas a lo largo del tiempo sustentadas en la fuerza y su concreción en acontecimientos como el cerco a la Guardia Civil en la consellería del propio Junqueras.

Usar un lenguaje mafioso denota la catadura de sus objetivos y la manipulación de los recursos públicos

El desvarío que preside toda la secuencia tiene además, por epílogo, el vergonzoso enfrentamiento entre los propios secesionistas, fracturados y enemistados desde antes del 21D, cuando decidieron no presentarse en coalición en clara prueba de que primaban los intereses de cada partido por encima de los supuestos objetivos generales que perseguían.

Esa división se mantiene, pese a los intentos por disimularla forzando una investidura de Puigdemont en la que nadie cree y además es imposible: se trata de que parezca una nueva imposición del Estado 'opresor', aunque en realidad es una consecuencia de la fuga del dirigente político y de la negativa de ERC y del PdeCat a prestarse a su enésima impostura.

Saltarse todas las líneas

En ese escenario, parecen más sólidas las certezas jurídicas que las políticas: el futuro penal de todos los encausados es merecidamente tétrico; pero el horizonte institucional de Cataluña sigue lastrado por esta combinación de ilegalidades y esfuerzos por disimular la quiebra del nacionalismo. No es descartable, por ello, una repetición electoral que dependerá en exclusiva de si a ERC le parece más rentable desechar a Puigdemont con otro candidato a president o celebrar nuevos comicios para mejorar sus resultados.

En ambos casos, quedará claro que quienes más hablan de un imaginario pueblo en realidad sólo piensan en sus intereses gremiales. Por mucho que en ese viaje se hayan saltado todas las líneas rojas, aunque a la hora de reafirmarse en sus postulados ante los tribunales casi nadie sea capaz de hacerlo. Los mismos que utilizaban el lenguaje encriptado de los mafiosos para comunicarse entre ellos, delante de un juez se limitan a reconocer que todo era una obra de teatro simbólica. Las condenas, previsiblemente, serán bien reales. Penoso.