| 19 de Abril de 2024 Director Benjamín López

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse

Sánchez arranca 2019 gobernando con los presupuestos de Rajoy

Las cuentas generales del Estado de 2018 se prorrogan automáticamente este 1 de enero a la espera de que el Gobierno apruebe, si puede, los de 2019.

| ESdiario Economía

Nuevo año pero hay cosas que no cambian. Como que las cuentas que aprobó hace siete meses el Gobierno del PP de Mariano Rajoy seguirán en manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 se prorrogarán automáticamente este martes 1 de enero y permanecerán en vigor hasta la aprobación de las cuentas públicas de 2019, cuyo proyecto de ley presentará este mismo mes el Gobierno, con la duda de si contará para su aprobación con el apoyo de los socios de la moción de censura, especialmente de los independentistas.

Al igual que sucedió con las cuentas públicas de 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo de  Sánchez se ha visto también obligado a prorrogar los Presupuestos de 2018 (elaborados por el PP), ante la falta de apoyos para aprobar el proyecto de ley de las cuentas públicas de 2019 dada la situación política en Cataluña, con el juicio del 'procés' en marcha.

El Ejecutivo lleva varios meses negociando con las distintas formaciones para intentar recabar los apoyos suficientes que le permitan aprobar los Presupuestos de 2019, para lo que necesitará al menos los apoyos, además de los seguros del PSOE, de los socios de la moción de censura: Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromis, Nueva Canarias y Bildu. Estas formaciones, salvo Bildu, dieron hace dos semanas en el Congreso su apoyo a la senda de déficit del Gobierno, que relaja al 1,8% el déficit para 2019 (margen de 6.000 millones) pero fue rechazado por la mayoría del PP en el Senado el 27 de diciembre.

Una vez se apruebe la remisión a las Cortes del proyecto de ley en las próximas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el libro amarillo en el Congreso, a lo que seguirán las comparecencias de los altos cargos y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, para su aprobación final. Posteriormente la tramitación proseguirá en el Senado y finalmente regresará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Entonces, entrarán en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El anteproyecto de ley de PGE de 2019 vendrá acompañado de una actualización del cuadro macroeconómico. La última fue incluida en el plan presupuestario, acordado por el Gobierno con Podemos, y remitido a Bruselas el pasado 15 de octubre, en el que rebajó una décima la previsión de crecimiento tanto para 2018 como para 2019, hasta el 2,6% y el 2,3%, respectivamente.

Desempleo y senda de déficit

En cuanto al paro, contempla una reducción de la tasa de paro hasta el 15,5% en 2018 y al 13,8% en 2019, en tanto que la senda de déficit del Gobierno eleva la meta de déficit al 1,8% en 2019, al 1,1% en 2020 y a cuatro décimas en 2020, frente al 1,3%, las tres décimas y el superávit fijado por Rajoy, respectivamente. La deuda pública cerrará 2019 en el 95,5%.

No obstante, dado que la mayoría del PP en el Senado ha rechazado dicha senda, el Gobierno aprobará los Presupuestos de 2019 con los objetivos de estabilidad presupuestaria de Mariano Rajoy y más adelante, y una vez que la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado viese la luz a lo largo de este año, el Ejecutivo aprobaría su senda y fijaría el déficit en el 1,8%.

En el plan presupuestario, el Gobierno proyectaba una disminución del gasto total de tres décimas, hasta el 40,9% del PIB para 2019. En concreto, el gasto en Sanidad se mantendrá en el 6% del PIB, el de Educación en el 4% y el de protección social se elevará dos décimas, hasta el 16,8%.

A su vez, el gasto en servicios públicos generales bajará del 5,5% al 5,4% del PIB , el de orden público y seguridad del 1,9% al 1,8%, y el de asuntos económicos del 3,9% al 3,7%, mientras que se mantendrá el de actividades recreativas, cultura y religión (1,1%), Defensa (0,9%), Vivienda y servicio comunitarios (0,5%) y protección del medio ambiente (0,9%).