22 de mayo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Calvo pide dureza para crímenes sexuales mientras deroga la prisión permanente

El mismo Gobierno que impulsa con Podemos la derogación de la prisión permanente dice ahora, tras el crimen de Laura Lelmo, que hay que endurecer la lucha contra los crímenes sexuales.

El mismo Gobierno que impulsa una derogación de la prisión permanente revisable expone luego, en público, un endurecimiento de las penas por delitos sexuales, un contrasentido que vueleve a evidenciarse con el terrible asesinato de la profesora Laura Lelmo en un pueblo de Huelva.

"El Estado y la democracia tienen que seguir haciendo mucho más por la seguridad", ha explicado Calvo en una entrevista en la Cadena Ser, sin mencionar que, precisamente, la prisión permanente que Pedro Sánchez quiere enterrar se circunscribe para casos como el de Lelmo.

 

Pese a esa paradoja, la vicepresidenta del Gobierno ha precisado que ese esfuerzo pasa por "mejorar la tipificación de algunos delitos que tienen que ver con la libertad sexual", pero también ha reconocido la necesidad de "seguir trabajando en muchas medidas de carácter penitenciario".

Para Calvo, las mujeres "tienen todo el derecho del mundo a pedir que las democracias les respondan más y mejor", y ha lamentado que en muchos casos "se banalice la situación de la mujer" y que "haya que pagar precios altísimos y crueles por la seguridad y la libertad".

Indiferencia hacia los padres

Por otra parte, la vicepresidenta se ha referido al informe elaborado por el grupo de expertos al que el Gobierno ha encomendado la reforma del capítulo dedicado a los delitos sexuales en el Código Penal y ha recordado que se trata de un documento de "asesoramiento", ya que será el Gobierno "quien decida" cómo va a quedar el proyecto de reforma.

 

La realidad es que una de las primeras medidas de Sánchez al llegar al Gobierno fue acabar con la prisión permanente revisable, incluida por el PP en la última reforma del Código Penal y limitada a delitos de carácter sexual o terroristas. Ni la presencia de los padres de víctimas como Diana Quer o Marta del Castillo en el Congreso, que no fueron en algunos casos ni recibidos, disuadió al Ejecutivo de impulsar una reforma que aún no ha concluido.

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