Preocupación empresarial por el futuro inmediato

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha empeñado en sacar adelante de aquí a elecciones todas las medidas económicas que pueda a través de la figura del decreto-ley.

El decreto-ley se contempla para las medidas urgentes y extraordinarias, aunque este Gobierno, débil parlamentariamente, esté echando mano de esta medida en mucha mayor proporción que los anteriores. La principal “ventaja” de esta herramienta respecto a las leyes es que los decretos-ley se aprueban sin enmiendas ni debate público. Los promulga el Gobierno y no las Cortes, entran en vigor de inmediato, y luego, en treinta días, tienen que ser ratificados por el parlamento en votación de la totalidad.

El actual Gobierno se propone aprobar por esta vía, incluso cuando se disuelvan las Cortes y quede la Diputación Permanente, todo un paquete de medidas económicas que tiene en vilo a los empresarios españoles por sus posible efectos globales. Entre ellas, algunos cambios en la reforma laboral, la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años, la reforma de la subcontratación, y el registro obligatorio de la jornada laboral.

Pero hay tres más que preocupan especialmente a los empresarios. Entre otras cosas porque entienden que dos de ellos suponen la ruptura del diálogo social: la supremacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, y la vuelta de la ultraactividad de los convenios (es decir, su prórroga automática cuando dejan de estar en vigor si no hay acuerdo para uno nuevo).

El tercer decreto-ley al que miran con preocupación es el que va a contemplar algunas medidas de igualdad como la obligación de publicar los salarios por sexos o los planes de igualdad para empresas con más de cincuenta trabajadores. Creen los empresarios que esas medidas no beneficiarán de manera efectiva a las mujeres pese a su apariencia, pero de explicarlo se encargarán en su momento -dado lo delicado del asunto- sólo significadas mujeres de las organizaciones patronales.

Interpretan los empresarios que algunos de estos decretos-ley incluyen “peajes” a los aliados parlamentarios que volverá a necesitar el Gobierno para sacarlos adelante, y que el tono pre-electoral será patente. Y dan por hecho que saldrán adelante.

Con estas medidas, más la subida del SMI, calculan los empresarios que el déficit de España se puede disparar al 2,5%. Para 2019 estaba inicialmente fijado por el actual Gobierno en el 1,8% (medio punto por encima del objetivo del Ejecutivo de Rajoy), y las posteriores correcciones del FMI lo situaban en el 2,3%.

Además, los datos de paro de febrero se esperan malos, y el fantasma de la inestabilidad asoma de la mano del incierto panorama que se abre con el horizonte electoral. El factor Vox y su influencia en los líderes del PP también mueve a la reflexión al empresariado, que observa atentamente la recesión en Italia, las consecuencias del Brexit en Gran Bretaña, y la desaceleración en Alemania y Francia, nuestros principales clientes. De momento la economía española, como diría José María Aznar y confirman ahora los empresarios, va bien. Pero eso puede cambiar.