Reclaman a Protección de Datos que sancione al Consell de Puig

Dos denuncias reclaman un expediente sancionador contra el Gobierno de Ximo Puig por no tener registrado el correspondiente fichero de la recién creada Oficina de Derechos Lingüísticos.

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, María José Ferrer San Segundo, ha anunciado la presentación de una denuncia-comunicación ante la Agencia Española de Protección de Datos de la Oficina de derechos lingüísticos creada por decisión del presidente Ximo Puig “porque no consta la inscripción del alta del fichero de datos de carácter personal de la oficina, que está operativa desde diciembre, en el Registro General de Protección de Datos”.

“No es posible que se hagan las cosas tan mal como las hace el Botànic, si no es a conciencia. No se puede tener ya vigente hace dos meses una Oficina con un registro, donde se inscriben datos de todo tipo, personales e incluso pretendidas infracciones de derechos, sin ni siquiera darlo de alta en la Agencia de Protección de Datos”, ha manifestado. 

La portavoz popular ha afirmado que “así que, a la negligencia y la ilegalidad, se suma la intención de que no haya control sobre unos datos acerca de buenos y malos valencianos que se manejen en la oficina lingüística, con un decreto manifiestamente ilegal, como se ha refrendado por los propios órganos de Presidencia y el CJC, cuya derogación volvemos por todo ello a instar. No se puede crear un registro donde quedarán inscritos ciudadanos, personas privadas, por pretendidamente vulnerar derechos”.

Ferrer San-Segundo ha recordado que el TSJCV ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por el GPP contra el decreto de creación de esta oficina de derechos lingüísticos. “Ahora trasladamos a la AEPD esta nueva posible ilegalidad”.

La diputada popular ha anunciado que “el PPCV va a seguir en este tema junto al número significativo de valencianos que nos piden respaldo y que actuemos. Así que el Botànic debe tener claro que no nos van a callar. El Consell busca la fractura social e imposibilitar la pacífica convivencia de la sociedad valenciana. Lo está haciendo en todas sus iniciativas y también con este decreto”.

Ferrer San-Segundo ha señalado que “Puig quiere crear vigilantes, comisarios lingüísticos, una especie de policía de hablar correctamente Botànic, imponiendo e internándose en ámbitos donde no tienen competencias. No necesitamos esos comisarios”.

Salom: Ni la más mínima mención

El asesor en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia Luis Salom también ha presentado una denuncia ante la Agencia de Proteción de Datos. Salom mantiene que en todo el articulado del decreto 187/2017, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos no aparece ni la más mínima mención a la política de protección de datos de carácter personal a pesar de que se van a generar ficheros con reclamaciones, sugerencias o consultas sobre una materia tan sensible como los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
En esta línea, "resulta totalmente imposible el ejercicio de derechos (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a través de la web de la propia Oficina".

El trabajador del ayuntamiento  informa que, el día  27 de diciembre de 2017, presentó un escrito dirigido a la Oficina de Derechos Lingüísticos con una reclamación contra el Ayuntamiento de Valencia. Días después,  el 17 de enero de 2018, el Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme "firma una resolución de la reclamación dando la razón al Ayuntamiento de Valencia que constata el normal funcionamiento de esta Oficina sin que se pueda alegar de parte que todavía no se encuentra operativa al ser un organismo de reciente creación".

Por  lo expuesto, Salom presenta, con fecha 28 de febrero, ante la dirección de la AEPD, una investigación para que confirme  los hechos y en su caso abra un expediente sancionador contra la  Dirección General de Política Lingüística i Gestión del Multilingüismo por no tener registrado el correspondiente fichero de titularidad pública.

 

 

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