11 de diciembre de 2017 | DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Un juez imputa a la primera directora por el 1-O y causa el pánico a muchos más

Dos agentes de los Mossos entran en un colegio el 1-O.

Dos agentes de los Mossos entran en un colegio el 1-O.

Un total de 17 Juzgados en toda Cataluña ultiman las diligencias contra los responsables de los centros de salud y escolares que prestaron sus sedes para el referéndum ilegal. Habrá más.

De forma paralela a la investigación judicial que los jueces Pablo Llarena y Carmen Lamela desarrollan en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra los líderes de la rebelión independentista, decenas de jueces en Cataluña estrechan el cerco contra los funcionarios de distintos colectivos que permitieron la celebración del referéndum ilegal del 1 de Octubre, en su mayoría alcaldes, directores de colegios y agentes de los Mossos d'Esquadra.

En las últimas horas se ha producido la primera imputación en este ámbito. En concreto, el titular del Juzgado de instrucción 2 de Sabadell ha pedido en las últimas horas que se identifique a la persona que ejerció el cargo o las funciones de director del colegio Pere Calders de Poliñá entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre para que preste declaración como investigado -antes imputado- por un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En esta misma causa, en la que dos mossos ya han declarado como imputados, el juez ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que identifiquen también a un inspector, a un subinspector y al jefe de la comisaría en Santa Perpetua de Mogoda, con el objetivo de que declaren como imputados por desobediencia.

En una providencia difundida este lunes, el magistrado también ha reclamado que en cinco días la policía catalana le entregue la copia de las instrucciones que estos mandos dieron por escrito a los agentes el 1-O.

Estos cinco mossos y la directora del centro -que será imputada en cuanto sea identificada de forma oficial-, son los primeros imputados en la veintena de diligencias abiertas en los juzgados catalanes por la pasividad de la Policía catalana el 1-O, todas ellas iniciadas a partir de denuncias de particulares.

La causa de Sabadell está abierta por un posible delito incumplimiento de obligación de perseguir delito de los Mossos d'Esquadra en la jornada del referéndum.

En concreto, hasta 17 juzgados en toda Cataluña han abierto diligencias contra los responsables de las comisarías locales de los Mossos para que expliquen por qué  incumplieron las órdenes de la juez del TSJC, Mercedes Armas, para cerrar los centros de salud y los colegios habilitados como puntos de votación. 

Estos agentes y los mandos imputados en el juzgado de Sabadell se suman al exmayor Josep Lluís Trapero, y a la intendente Teresa Laplana, que también están investigados en Audiencia Nacional por la juez Lamela por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

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