19 de julio de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Magistrados del TS destapan las maniobras del PSOE para controlar el tribunal

Insólita rapidez: Pedro Sánchez ha salido este miércoles de inmediato a enmendar al Tribunal Supremo.

Insólita rapidez: Pedro Sánchez ha salido este miércoles de inmediato a enmendar al Tribunal Supremo.

Vinculan la campaña de descrédito iniciada por PSOE y Podemos tras la sentencia sobre las hipotecas a la inminente renovación de la cúpula judicial y la elección de su presidente.

"Desde hace semanas, la izquierda judicial no solamente quiere su cuota de poder, quiere el poder", advierte a ESdiario un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. "El esperpento de la resolución sobre los bancos ha abierto la veda para fulminar a (Carlos) Lesmes", remacha uno de sus compañeros con plaza en la de lo Militar.

Y es que la polémica -con freno y marcha atrás- protagonizada por la Sala Tercera del Alto Tribunal, obligando primero a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, para después endosárselo a los clientes- ha sacado a la luz la guerra política abierta por el control del Poder Judicial y con las negociaciones parlamentarias para su renovación en su momento más álgido.

Basta leer las palabras gruesas surgidas este miércoles desde las cúpulas del PSOE y PP. De "nefasta" ha calificado la número dos socialista, Adriana Lastra, la gestión del presidente del Supremo, insinuando la exigencia de su dimisión. Y de "humillante" ha tachado Pablo Iglesias la decisión de sus magistrados.

Tanto, que el propio presidente del  Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha visto obligado este miércoles a salir en defensa de sus magistrados y para exigir respeto a la independencia judicial. Y fuentes del mismo han recordado que la doctrina contra la que ahora arremete la izquierda política se viene aplicando desde 1983.

Según las fuentes judiciales consultadas por ESdiario, en la guerra que ha explotado en estas dos últimas semanas se esconde la inminente renovación del Consejo General del Poder Judicial y el consiguiente relevo del máximo responsable del Tercer Poder del Estado cuyo mandato caduca el 4 de diciembre. "Y aquí ocurre como en RTVE, Podemos exige su purga y su cuota", afirman las citadas fuentes. En concreto, plaza para su exdiputada y juez, Victoria Rosell.

De hecho, entre los magistrados que han deliberado en estas últimas horas se encuentran algunos candidatos de PP y PSOE -hay en reparto 20 vocales- en las quinielas para el nuevo CGPJ, como los magistrados José Antonio Montero o Ángel Arozamena, ambos integrantes de la ahora ya famosa Sala Tercera.

Como el resto los elegidos, ocuparán la cúpula judicial y decidirán los nombramientos para los próximos cinco años. Una codiciada cuota de poder e influencia para los partidos políticos para la incierta proxima legislatura. Que requiere además el acuerdo entre socialistas y populares, ya que la elección requiere la mayoría de tres quintos del Parlamento.

Y a este reparto de sillones algunos en el Alto Tribunal atribuyen los erráticos pasos de algunos de sus magistrados. Por ejemplo, muchos ven en la decisión de hace quince días de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso un "guiño" a la izquierda. Cinco de sus miembros enterraron la doctrina anterior endosando el pago del impuesto a la banca -con un voto particular- y sin informar de su decisión "revolucionaria" al presidente del Supremo, su máximo jefe.

Algunos magistrados del sector conservador, con cierta malicia, ironizan y recuerdan el publicitado compromiso de Pedro Sánchez, incumplido por ahora, de imponer un impuesto a la banca. Una tasa que exige también, Pablo Iglesias.

 

 

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha salido hundido de la polémica de la Sala Tercera del Supremo con las hipotecas.

 

Pero, además, en la guerra por el control del Poder Judicial tras la llegada del PSOE a La Moncloa, hay abiertas al menos otras dos batallas. La primera, por el reparto del nuevo CGPJ, cuyos veinte miembros deben ser elegidos por el Congreso y Senado.

Y con el antecedente del espectáculo con el Consejo de Administración de RTVE, el Gobierno está ante la tesitura de mantener el histórico reparto de equilibrios con PSOE-PP o abrir el órgano de gobierno de los jueces a Podemos y Ciudadanos. Los morados exige a los socialistas que le cedan algún sillón de los suyos, mientras los naranjas renuncian a participar en el vigente sistema de cuotas.

La segunda batalla, es por la designación clave del próximo presidente del Poder Judicial. Batalla en la que el propio PSOE tiene su problema interno. La vieja guardia y el zapaterismo-con el expresidente de TC, Pascual Sala, a la cabeza y especialmente activo según las fuentes consultadas, apuesta por el exfiscal general con Zapatero, Cándido Conde-Pumpido.

Pero Pedro Sánchez parece decantarse por una mujer, Lourdes Arastey, magistrada de la Sala Cuarta y muy próxima a la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Y por si fuera poco, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, promueve desde las última semanas una tercera candidata, Pilar Teso. Teso, que pertenece a la Sala de la Tercera inmersa en esta enorme polémica, votó este martes a favor de que los bancos pagasen el impuesto de las hipotecas.

Un sector del Gobierno era partidario de prorrogar el mandato de Lesmes al frente del Supremo -él había tendido puentes con el PSOE en busca de apoyos- al menos hasta el final del juicio contra los acusados por el procés. Pero la guerra por su sucesión ya ha estallado. Y Podemos, que el sábado ha convocado a sus militantes frente a la sede del tribunal -en una decisión que ha provocado cierta indignación en el TS con su lema "la justicia emana del pueblo"-, exige su trozo del pastel.

Y los nervios se han instalado en el imponente palacio de la madrileña Plaza de la Villa de París. Una sede poco acostumbrada a los sobresaltos y más a las sutiles maniobras silenciosas. En juego están los futuros nombramientos de presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores y de la Audiencia Nacional, así como de los  presidentes de Sala y de los nuevos jueces del propio Supremo.

 

 

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