Un caso de corrupción empapa a Puigdemont cuando volvía a sentirse invencible

Carles Puigdemont, tras su momento de éxtasis, en Perpiñán, vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia y no por el procés, sino por una caso de corrupción en la gestión de la calidad del agua de Gerona cuando era alcalde del municipio.

De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 ha remitido al Tribunal Supremo su solicitud de que el expresidente catalán sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.

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 La petición cursada por la magistrada, que venía realizada por la Fiscalía Anticorrupción, considera que Puigdemont habría destinado en 2015 un millón de euros previstos para "la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas" a comprar un fondo de arte para el Ayuntamiento.

Según consta en la investigación, la gestión del servicio de agua en Gerona corre a cargo de Aigües de Girona, Salt i Sarriá de Ter, S. A. (Agissa), una empresa mixta con un 80% de capital privado y el 20% restante de los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter. En marzo de 2013, en el marco de la aprobación de la segunda prórroga de la gestión del agua a dicha sociedad, se introdujo el pago de un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los tres consistorios.

Hubo un "artificio contable" para desviar el dinero

De esa cantidad, el Consistorio que entonces dirigía Puigdemont recibió un total de 2.625.000 euros, importe que "debía revertir en el propio servicio" de aguas, según informe del Secretario del Ayuntamiento que consta en el escrito de Anticorrupción. Sin embargo, y mediante un "artificio" contable, explica el fiscal, un millón de euros de ese canon acabaron en la compra de un fondo de arte que había pertenecido al historiador Rafael Santos Torroella y que estaba valorado en 4,7 millones.

Para ello, se realizó una "modificación de crédito por transferencia entre partidas" para adquirir la colección, a pesar de que no se podía llevar a cabo porque "no se podía usar el dinero obtenido por el canon extraordinario al estar afecto a una finalidad concreta", esto es, "el ciclo del agua".

El caso queda en manos del juez Manuel Marchena

Además, el escrito añade que "se ideó un artificio, desde los presupuestos del equipo de Gobierno, que fue asumido, con mayor o menor conocimiento, por 11 concejales en el Pleno de 14 de febrero de 2014. Y ese artificio llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua".

Por tanto, será ahora la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena la que decidirá si abre causa contra Puigdemont, nombrando, en ese caso un instructor, que tendrá que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder imputar al expresidente catalán.