La Constitución está amenazada y Pedro Sánchez es el máximo responsable de ello

La Constitución celebra su cuadragésimo segundo aniversario más debilitada, amenazada y denigrada que nunca. Y está así, sorprendentemente, por la actitud del Gobierno y  de manea muy particular de su presidente, Pedro Sánchez, principal instigador por acción u omisión del ataque sistemático a la ley que simboliza lo mejor de la España democrática.

No se puede soplar y sorber a la vez. Pero eso es lo que hace Sánchez presentándose como incuestionable paladín de la Carta Magna y, a la vez, entregando la gobernación de España a quienes de manera más inequívoca, contundente y pública más la desprecian y más quieren acabar con ella.

Nunca han tenido ni más fuerza ni más influencia en el equilibrio institucional de España quienes más trabajan por su desequilibrio: Podemos y los partidos independentistas.

La formación de Pablo Iglesias, que ostenta una vicepresidencia, cuatro Ministerios y está en todas las instituciones del Estado; denigra la Transición, defiende la demolición del "Régimen del 78"; alimenta la deriva inconstitucional del separatismo y exige el fin de la Monarquía Parlamentaria.

Con el aval del PSOE

Y ERC o Bildu, dos partidos encabezados por líderes que están o han estado en la cárcel por delitos gravísimos contra la democracia; defienden eso mismo y además buscan la independencia forzada del País Vasco y de Cataluña.

En realidad, ninguno de esos tres partidos defiende nada distinto a lo que siempre han buscado. Lo que ha cambiado es el aval concedido por el PSOE a esos postulados, blanqueados y reforzados como nunca por las necesidades del presidente o, aún más, por sus preferencias: tenía otras alternativas para gobernar con una cierta estabilidad, pero eligió éstas.

La agenda soberanista y republicana, sustentada en el frentismo y en la división, están hoy más sobre la mesa que nunca

De hecho, no se puede explicar la trayectoria de Pedro Sánchez sin vincularle, desde que interpuso la moción de censura, a esa amalgama nacionalpopulista: todo lo que ha logrado, lo ha logrado por ellos y con ellos. Y todo lo que a cambio paga España, lo paga para satisfacer una deuda que es exclusivamente suya.

La agenda soberanista y republicana, sustentada en el frentismo y en la división, están hoy más sobre la mesa que nunca. Y ninguno de los fines que alimenta y defiende, sea la caída del Rey o el troceamiento del país, han tenido nunca tantos visos de prosperar: lo que deberían ser exigencias trasnochadas y marginales son, en la actualidad, hipótesis probables.

Y eso es achacable a un presidente irresponsable e incapaz de entender las líneas rojas que nunca se deben cruzar, por mucho que la insoportable propaganda oficial intente dignificar una deriva inaceptable, escondiendo la realidad de que Moncloa está intervenida y de que sus copropietarios no han cambiado en nada sus objetivos. Al contrario, los ven más factibles que nunca.

El verdadero plan del Gobierno Frankenstein: controlar España hasta 2027

Lo extravagante es que, en este contexto, tengan que ser unos militares retirados quienes señalen la obviedad de que la Constitución se ha degradado como nunca. Como si esa denuncia fuera más típica de paladines del infausto ruido de sables que de simples ciudadanos preocupados por su país.

La inquietud que ellos reflejan es la misma que debería sentir y exponer la oposición en su conjunto, la sociedad civil y el resto de poderes del Estado. Sin excesos, por supuesto. Y sin dejar de aceptar, ni por un segundo, las reglas del juego democrático. Pero también sin ambages y con todas las energías y recursos legales e institucionales que esa misma Constitución zaherida recoge y reconoce.