El independentismo se ahoga en sus mentiras mientras engaña a sus fanáticos

Las horas siguientes a la detención de Puigdemont, que siempre fue una cuestión exclusivamente de tiempo, vienen cargadas de un ensordecedor ruido interesado sobre tres cuestiones muy concretas: la supuesta resistencia de Alemania a culminar la euroorden con la entrega del reo a España; el presunto respaldo del Comité de Derechos Humanos a los autodenominados "presos políticos" y, finalmente y a consecuencia de lo anterior, la posibilidad de que el propio Puigdemont o Jordi Sánchez opten a la presidencia de la Generalitat previa convocatoria de un pleno extraordinario este miércoles por el inefable Roger Torrent, superado por las circunstancias y la división en el seno del independentismo.

Las tres cosas son mentira, forman parte de la burda pero eficaz propaganda habitual del soberanismo y cuentan, lamentablemente, con demasiados altavoces mediáticos y políticos que sin ningún respeto por los hechos se lanzan a amplificar tales patrañas para seguir inflando un globo que, en realidad, está pinchado.

La ONU no ha respaldado a los 'presos políticos', sino todo lo contrario. La burda mentira no puede repetirse ya sin respuesta

Para empezar, la euroorden es casi vinculante para los Estados que suscriben el convenio que regula su aplicación e incluye, por sistema, el respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales de todos los miembros del club. Esto significa que el margen de arbitrariedad en la ejecución desde Alemania de la petición del Tribunal Supremo es pequeño y que, todo lo demás, pueden discutirse los plazos -hasta un máximo de 90 días que muy probablemente no se agotarán- y los delitos exactos por los que el prófugo será juzgado al volver a su país de origen.

La justicia germana  entregará al expresident a la española, en resumen, por mucho que los seguidores de Puigdemont -no siempre partidarios del soberanismo pero curiosamente detractores del Gobierno de forma unánime- intenten confundir a la opinión pública con sus consabidas farsas: también dijeron, con el mismo desapego por la verdad, que sus delitos desaparecerían al pasar de la Audiencia Nacional al Supremo o que la Unión Europea no respaldaría a España.

La segunda falacia atiende a un presunto respaldo de la ONU a los dirigentes políticos encarcelados por delitos de rebelión, sedición o malversación. La mentira no puede ser ni más agua ni más fácil de desmontar, pese a los cual los corifeos del procés insisten en ella para tratar de presentar a España como un país aislado y señalado por los organismoS internacionales más genuinamente democráticos.

Una mentira atroz

La realidad es bien distinta. Naciones Unidas se ha limitado a admitir una queja de Jordi Sánchez, como hace de manera rutinaria prácticamente con todas las que le remiten. Y nada más. La apelación al respeto a los derechos políticos de los encausados es una simple coletilla introductoria de lo que realmente ha dicho la ONU: que no necesita ni escuchar la respuesta de España para afirmar que nuestro Estado de Derecho es perfectamente democrático y que las resoluciones judiciales nacen del principio de separación de poderes y gozan de todas las garantías inherentes a una democracia plena.

Que el nacionalismo manipule es lamentable; pero que sus inventos se presenten como verdades absolutas dice muy poco del rigor de demasiados medios de comunicación y de la honestidad de no pocos dirigentes políticos.

Finalmente, y en coherencia con lo anterior, la penúltima farsa atiende a la convocatoria de un pleno extraordinario donde se discutiría, a sabiendas de que es inviable, una eventual candidatura de Puigdemont o de Sánchez a la presidencia de la Generalitat: el Tribunal Constitucional ya falló, a instancias del Gobierno en un movimiento audaz y arriesgado, que no se podía alcanzar ese puesto sin estar presente en el Parlament. Algo imposible para dos presos.

La política debe incrementar ahora sus medidas contra el procés, sin ambages y sin complejos de ningún tipo

Ese cúmulo de falsedades se suma a todas las que, al menos desde 2012, lleva esparciendo el soberanismo en todos los ámbitos para intentar ser visto como la víctima de un conflicto en el que, en realidad, ejerce de agresor reiterado, verbal, política y físicamente: sólo hay que recordar cómo unos desalmados cortaron autovías el pasado domingo y confinaron durante horas en sus coches a niños pequeños y abuelos, a bajas temperaturas.

Más 155

El procés ha muerto, sus protagonistas están en el banquillo o peleando entre ellos para quedarse con los restos, Cataluña está parada y degradada ante el mundo y los problemas económicos, sociales, familiares y laborales derivados de todo ello son cada día más graves y profundos. Por eso, una vez la Justicia ha demostrado que será implacable en la defensa del ordenamiento jurídico vigente, que no es otra cosa que la traducción legal del valor democrático de España; la política tiene que proseguir su camino con el mismo buen juicio que le llevó a impulsar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

Y no nos referimos a la catalana, sino a la española. Lejos de decaer las medidas de todo tipo a la espera de las decisiones judiciales, es hora de incrementarlas para proteger a la sociedad catalana de quienes más dicen defenderla. No hay que disculparse ni compensar nada, sino todo lo contrario: ha llegado la hora, sin duda, de culminar sin ambages la desintoxicación de Cataluña y su reinclusión en la España moderna y europea. Y si para lograrlo hay que evitar que TV3 sea ni un minuto más un vulgar agitador de masas, por ejemplo, evítese de una vez.