| 21 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Joan Ribó tendrá que dar explicaciones sobre este anómala adjudicación.
Joan Ribó tendrá que dar explicaciones sobre este anómala adjudicación.

Ribó adjudica a dedo 95.000 euros de dinero público a un dirigente de Podemos

El Ayuntamiento de Valencia firma un convenio con la Universitat para realizar un trabajo sobre el sistema educativo en la capital del Turia, innecesario porque ya lo hace la Conselleria.

| ESdiario España

Lo cuenta el diario valenciano Las Provincias, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a través de su concejalía de Educación firmará un convenio con la Universitat de València para realizar un estudio del sistema educativo de la ciudad, algo para lo que el Ayuntamiento apenas tiene competencias al ser de la Generalitat. La segunda sorpresa del encargo es que cuenta con reparos de la Intervención General, que no encuentra razones para que no salga a concurso público. El tercer hallazgo y quizás el más llamativo es que el director del trabajo es un alto cargo de Podemos, José Manuel Rodríguez, el mismo partido al que pertenece la concejal que promueve el acuerdo, María Oliver.

Tal y como señala la citada información, "es impresentable e injustificable que la concejal de Educación, de Podemos, encargue la realización de un estudio, nada menos que por 95.604 euros, a un compañero suyo de partido, miembro del máximo órgano en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales", señaló el concejal del grupo popular Cristóbal Grau.

Y es que el Consistorio aprobó la firma del convenio el pasado día 13 en la junta de gobierno. En el desglose del presupuesto aparece que la dirección se llevará 7.500 euros cada uno de los tres años que estará vigente para realizar el estudio en Valencia. El documento indica que ese cargo "correrá a cargo del profesor José Manuel Rodríguez Victoriano, de la Facultad de Ciencias Sociales, que contará con la colaboración del profesor Xosé Manuel Souto, de la Facultad de Magisterio". 

Rodríguez Victoriano aparece en la web de Podemos como miembro del Consejo Ciudadano, con un pequeña reseña biográfica donde destaca que la "Universidad pública es un bien común, un instrumento fundamental para una ciudadanía crítica y una sociedad más justa". Por el contrario, Grau señaló sobre el convenio que es "cuando menos sospechoso y políticamente inadmisible. Además se aprueba a dedo y al margen de cualquier convocatoria pública y sin justificación alguna, tal y como hace constar la Intervención Municipal en dos informes en todo el proceso", explica Las Provincias

El documento en cuestión habla de realizar un "proyecto de investigación y colaboración en la formación universitaria en orden a conocer la evolución histórica y la situación actual del mapa escolar en el municipio de Valencia". Este encargo, tal y como recoge la información, sorprende porque la Conselleria de Educación tiene un departamento de Planificación Educativa que trabaja precisamente en estos temas, decidir las necesidades de escolarización para demandar al Ayuntamiento la consecución de solares por expropiaciones.

De esto último, el representante del PP indica que es "más grave si tenemos en cuenta que el objeto del convenio, un estudio sobre el sistema educativo en la ciudad, se corresponde con las competencias de planificación educativa de la Consellería de Educación, que es la que tiene todos los datos e información al respecto". El edil destacó que lo que sí "son obligaciones del Ayuntamiento, como participar en el desarrollo de las actividades extraescolares en los centros con jornada continua, ahí el tripartito se niega a aportar dinero escudándose en que no es competente y carece de financiación", como ha pasado este año.

El convenio hará un estudio a partir de los alumnos de tres años, indicó el edil, mientras que lo "curioso es que el Primer Ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, en el que el Ayuntamiento sí tiene competencias a través del cheque escolar, quede excluido del informe", tal y como se lee en el convenio.

Consideró que sí "existe una necesidad objetiva de realizar un estudio en profundidad de la situación en la ciudad, en cuanto al número de escuelas infantiles y la oferta de plazas en cada barrio, tal y como demanda el sector desde hace tiempo, a fin de determinar la necesidad de apertura de nuevas aulas de dos años en los colegios públicos de la ciudad. Para lo que interesa a las familias no hay dinero pero sí para pagar al compañero de Podemos un estudio de 100.000 euros".

El Interventor, en contra del gasto

A lo largo de la tramitación del expediente, la Intervención General se pronuncia dos veces sobre la firma del convenio con la Universitat de València. Tanto el 9 de diciembre como el 12 de enero se hace constar que "no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública". Inicialmente, la Universitat hizo una propuesta de 106.351 euros, aunque Intervención General obligó a reducir su importe un 20%. Para el edil del PP "no parece que a María Oliver, representante de lo que ellos llaman las nuevas formas de hacer política, ni al gobierno de Ribó, abanderado de boquilla de la regeneración en la vida pública, le preocupe mucho lo que diga el Interventor General por dos veces. Más bien todo lo contrario por lo que deciden".