06 de diciembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Los CDR, el "brazo armado" del independentismo teledirigido por la Generalitat

Los indicios judiciales, cargados de pruebas, de que los CDR actúan sincronizados y a las órdenes de Torra y Puigdemont exigen una respuesta jurídica y política contra ambos.

 

 

A medida que se conocen datos sobre los preparativos terroristas de los CDR y, en general, sobre su actividad; se intensifican los escalofríos, pero también se entiende mejor su impunidad y su hiperactividad, intensa desde hace mucho tiempo y nada fortuita ni unilateral.

Porque es algo más que una certeza que actuaban y actúan bajo el mando protector, cuando no por las instrucciones directas, de una parte de los partidos y de las instituciones catalanas: no es nada osado ya afirmar que los denominados "Comités de Defensa de la República" son una herramienta más, peligrosa y violenta, del proyecto independentista impulsado ilegalmente desde la propia Generalitat.

No solo porque el propio presidente se dirigió hace un año a ellos invitándoles a "apretar", lo que en sí mismo ya es un estímulo y un indicio del respaldo que les daba, sino también por las sólidas sospechas judiciales, recogidas ya en documentos oficiales, de que ejecutaron determinadas acciones teledirigidos por el mismísimo Gobierno catalán.

Así lo atestigua, por ejemplo, el auto judicial del magistrado García Castellón que revela cómo los CDR tenían encargados por el llamado CNI catalán el asalto del Parlamento de Cataluña el día que se conozca la sentencia a los políticos golpistas del procés, una acción sincronizada y auspiciada pues desde las propias instituciones en la que, a más inri, la hermana de Puigdemont actuaba como enlace entre los comandos y la Generalitat.

Cabe preguntarse ahora qué debe hacer la Justicia y cómo deben actuar el Gobierno y el Senado una vez se constate que, de algún modo, los jefes reales de los CDR son, al menos, Torra y Puigdemont

Y también es algo más que una sospecha el hecho de que esos mismos salvajes ejercían de correo entre el fugado Puigdemont y el presidente nominal de la Comunidad, el incalificable Quim Torra. ¿Cómo no deducir que los asaltos a estaciones, la paralización de autovías o el boicot a manifestaciones constitucionalistas cometidos desde hace tiempo por los CDR respondían a órdenes directas de la Generalitat?

Al servicio de Torra y Puigdemont

La prisión decretada para siete miembros de esta organización por tenencia de explosivos y preparación de atentados ha confirmado en buena medida todos estos indicios, y la protección sonrojante que les ha ofrecido el conjunto de partidos independentistas prueba, además, la complicidad entre todos ellos.

 

Cabe preguntarse ahora qué debe hacer la Justicia y cómo deben actuar los poderes del Estado, incluyendo al Gobierno y al Senado, una vez se constate que de algún modo los jefes reales de los CDR son, al menos, Torra y Puigdemont. 

Y resulta más que razonable preguntarse si no deberían abrirse ya acciones judiciales e institucionales contra ambos por asociación con la violencia o incluso por dirigirla directamente. El Estado de Derecho no puede permitirse tener al frente de instituciones a dirigentes que, además de cometer delitos, instigan el terrorismo.

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