El procesamiento al ‘amigo’ español de Obiang, en la cuerda floja

La semana pasada trascendia la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ordenaba absolver al que fuera ‘sheriff’ de Coslada, Ginés Jiménez y que, por encima, ponía en evidencia el cúmulo de despropósitos perpetrados durante toda una década por los responsables de la investigación: intervenciones telefónicas nulas, declaraciones de testigos inválidas, ‘imputaciones genéricas’, indicios insuficientes en su peso aportados por la Policía, decisiones en la instrucción que no fueron tomadas de manera pormenorizada, exhaustiva ni precisa… en definitiva, errores de los investigadores que terminaron corrompiendo los fundamentos jurídicos de delitos tan graves como el de extorsión.

Cierta analogía salta a la vista con otro proceso que ha adquirido fuerte perfil mediático: el que se libra en Las Palmas desde hace también años contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, y que esta semana vive momentos críticos. Hasta tal punto que, cuando no hay un horizonte de juicio a la vista, según ha reconocido la propia Audiencia Provincial grancanaria, miembros de la UDYCO se van a sentar en unas horas ante la jueza instructora Ana Isabel de Vega para responder por las acusaciones de ‘manipulación policial’ que la defensa de Kokorev, el exfiscal José Antonio Choclán, ha puesto en evidencia con una pericial informática durísima.

La historia de un kafkiano proceso contra el 'amigo' de Obiang en España

En un caso en el que se dirime si hay lavado de veinte millones de euros o actividades comerciales justificativas de esos ingresos por parte del empresario, hoy jubilado y recientemente operado del corazón, la propia UDYCO canaria ha remitido en los últimos días un oficio al juzgado de instrucción nº5 para responder a las acusaciones de manipulación.

Choclán había acreditado que en dispositivos informáticos que supuestamente recogerían pruebas contra el ‘hombre de paja’ del líder de Guinea Ecuatorial hay “evidencias de manipulación por parte de la Policía (con creación, borrado y modificación de archivos)”. Hasta el extremo que se denunció ante el juzgado que esos agentes policiales habrían incurrido en “un delito de falsedad en documento y de un delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 413 del Código Penal”.

Son esos policías los que antes de ser interrogados por los abogados de Kokorev, y sin profusa argumentación técnica, han confesado que a pesar de haber alterado en efecto los metadatos de algunos materiales informáticos “no han profanado la parte procesalmente trascendente de la prueba”. Han reconocido implícitamente la mala gestión de las supuestas pruebas con las que han trabajado para esclarecer este caso de blanqueo, y han admitido, en relación a un USB que estaba al parecer cargado de información contra Kokorev, que “no había sido obtenido con las garantías de custodia que se exigen para poder usarlo como prueba en un sumario”.

 Un ‘hombre de paja’ recién operado a corazón abierto

 El interrogatorio de los agentes de la UDYCO canaria para responder a las acusaciones de manipulación en la instrucción llegan en este kafkiano caso en el momento en el que Vladimir Kokorev se recupera de una operación, a corazón abierto, en la que ha sido necesaria la colocación de cuatro bypass.

El empresario había ingresado en prisión arrastrando una angina de pecho hace más de dos años y medio. En numerosas ocasiones solicitó la libertad apelando a una razón humanitaria que los jueces no entendieron justificada, a pesar de los llamamientos y denuncias que se llegaron a hacer desde el Parlamento Europeo.

El protagonista, en una imagen de Confilegal

Tras salir de la cárcel acreditó ante la jueza de Vega y el fiscal Luis del Río “varias enfermedades graves, entre ellas algunas que afectan a su sistema vascular y circulatorio”. Tras su excarcelación fue sometido a diferentes pruebas diagnósticas que han permitido diagnosticarle “varias enfermedades que aparecieron y/o se agravaron durante su permanencia en prisión”.

El caso podría ir camino en breve del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de la denuncia sobre la instrucción emitida por un grupo de eurodiputados, la UE ha comunicado a las defensas de los Kokorev que es el TEDH el competente para conducir el caso, al tener “facultades para realizar investigaciones judiciales, dictar sentencias o revocar decisiones de los tribunales de justicia de los Estados miembros” como España.