Podemos echó al PP del Gobierno por mucho menos del bochorno que protagoniza

Podemos gobierna en España gracias a que, hace dos años, suscribió una moción de censura de Pedro Sánchez con la que se desalojó al PP de Mariano Rajoy  por una línea, en una sentencia menor referida a dos municipios de Madrid por unos hechos de 2003, en la que un juez ponía en duda la veracidad de la declaración del entonces presidente, en calidad de mero testigo.

Aquel hecho, meramente circunstancial, fue utilizado arteramente para justificar el acceso a La Moncloa de un líder que había perdido dos Elecciones Generales en seis meses y para comenzar una deplorable coalición del PSOE con el populismo y el separatismo, verdaderos artífices del sostenimiento en el poder de un líder que se ha preferido desde entonces entenderse con Bildu a con el PP pese a las dramáticas circunstancias del país.

Pues bien, lo que ahora le ocurre a Podemos es bastante más grave y contundente que todo aquello que esgrimió para lograr en los despachos lo que no había obtenido en las urnas. Un juez ha imputado formalmente a toda la cúpula contable del partido, entre sólidas sospechas sobre la escandalosa financiación de una formación nacida del ataque, la estigmatización y la demagogia de todos sus rivales.

No es la primera vez que se acusa a estas siglas de haberse financiado irregularmente, y si bien es cierto que hasta ahora todas las denuncias han sido archivadas, no lo es menos que esa conclusión ha obedecido más a la falta de pruebas concluyentes que a la ausencia de sombras inquietantes a partir de una evidencia: naciera o no Podemos con el dinero de Venezuela, Ecuador o Irán; sus líderes y fundadores sí cobraron ingentes cantidades de dinero de eses regímenes.

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Ahora toca demostrar si dedicaron esos y otros recursos, con sociedades pantalla y la excusa de los donativos ciudadanos, a armar un proyecto antisistema y rupturista que hoy gobierna España y la ha llevado, en pocos meses, a una situación de catástrofe económica, división social y amenaza institucional.

Eso tendrá que hacerlo el juez, si es capaz de resistir las inmensas presiones que ya desde el primero momento ha sufrido. Pero en ese otro tribunal que Podemos utilizó para juzgar y condenar a quien no estaba ni imputado, el fallo ya es evidente: Pablo Iglesias y los suyos estaban ya invalidados políticamente para gestionar un país que les viene grande. Ahora además están señalados por la corrupción, los tejemanejes económicos y la opacidad más bochornosa.