Palo europeo al separatismo: no tendrá eurodiputados tan baratos como en España

Ningún partido independentista en España llega al 3% en unas Elecciones Generales, y alguno incluso ni siquiera al 1%. En su conjunto, sumando los votos de hasta cuatro formaciones distintas, apenas superan el 6%. Y sin embargo, con tan pocas papeletas lograron 24 diputados y, aún más, orientan la política económica y la estabilidad institucional del país: Pedro Sánchez es presidente merced a su respaldo.

Pero eso puede cambiar, al menos en Europa. Su Parlamento ha aprobado esta semana una medida revolucionaria que, de implantarse también en España, dejaría fuera del Congreso de los Diputados a Bildu y al PNV, al menos, y limitaría al máximo el poder del PdeCat y de ERC: nadie entrará en la Eurocámara si no consigue entre el 2% y el 5% de los votos, en una horquilla que deberá fijar cada Estado.

Bildu obtuvo en junio de 2016 un pírrico 0,77%; el PNV un 1,20%; CDC (la antigua Convergencia y el PdeCat) un 2,01% y ERC un 2,63%.  Eso significa que los tres primeros no podrán sentarse en Bruselas y los dos más 'grandes' tampoco si España elige, entre las opciones que permite la UE, un baremo intermedio del 3%, como por ejemplo reclama Ciudadanos.

Esa misma medida trasladada a las Elecciones Generales, donde se sobrerepresenta al nacionalismo dando mucho más valor a sus votos que a los de ninguna otra formación, liberaría igualmente al Congreso de su presencia: ninguno alcanza el 3%, aunque en la actualidad lo condicionan todo.

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La medida europea, que tendrá que estar en marcha en 2024, es la principal novedad de las normas para modernizar la ley electoral europea que ha aprobado el pleno de la Eurocámara con 397 votos a favor, 207 en contra y 62 abstenciones. El objetivo de las nuevas reglas es impulsar la participación en los comicios europeos y reforzar el carácter europeo del procedimiento, según explica la institución en un comunicado.

Alemania... y España

El umbral mínimo de votos afectará a España y a Alemania, los únicos países con más de 35 eurodiputados cuyas normativas no incluyen un porcentaje mínimo de apoyo por parte de los electores para obtener representación en la Eurocámara. No obstante, cada país podrá establecer su baremo dentro de la horquilla aprobada.

Este nuevo requisito podría dejar fuera del Parlamento Europeo a fuerzas políticas españolas que actualmente cuentan con representación en la Cámara Europea. Por ejemplo, la coalición Primavera Europea -encabezada por Equo y Compromís- obtuvo en 2014 un 1,91% de los votos en España, mientras que Los Pueblos Deciden -Bildu y BNG- registraron un 2,07% de los votos, Ciudadanos un 3,16% y ERC un 4,02%.

Además del umbral mínimo, las nuevas normas introducen disposiciones para evitar que un mismo ciudadano pueda votar dos veces mediante la imposición de penas "efectivas y realmente disuasorias". Las autoridades nacionales tendrán también que designar organismos encargados de intercambiar información con otros países sobre ciudadanos que desean presentarse como candidatos o ejercer el derecho a voto en otro país del bloque comunitario.

Del mismo modo, anima a los estados miembro a tomar medidas para que el nombre y el logo de los partidos políticos europeos aparezca en las papeletas nacionales y para facilitar el voto anticipado por correo, tanto electrónico como telemático.

Con la norma europea implantada en España, los cuatro partidos separatistas quedarían fuera del Congreso sin ilegalizarlos

La posibilidad de importar esa cláusula electoral a España, para evitar que desde los Presupuestos Generales del Estado hasta la identidad del presidente del Gobierno dependan de los partidos menos solidarios con el propio país, parece remota. Todo el mundo confiesa que el poder de los partidos nacionalistas es enorme para la fuerza electoral que en realidad tienen, pero pocos se atreven a convertir esa convicción en una reforma de la Ley Electoral.

¿Quién lo exige?

Sólo Ciudadanos, una parte del PP y Vox lo defienden abiertamente, aunque sus mensajes no parecen calar en las instituciones. El resto de partidos o ha renunciado públicamente a un debate que en el pasado sí exigió, caso de Podemos e IU, o no lo comparte. Y haría falta una amplia mayoría para cambiar la Ley Electoral, una herramienta ya desgastada desde 1985, inspirada a su vez en un Real Decreto de un antediluviano ya 1977.

El nacionalismo, al menos en España, puede respirar tranquilo. Pero el reloj se ha puesto en marcha y la historia que, lo que comienza por Europa, acaba llegando casi siempre a las naciones que la compone. Es una cuestión de tiempo. O no.