La exdirectora de Comunicación de Puig da munición al PP contra la tv autonómica

À Punt, la nueva cadena valenciana, está lejos de contar con la influencia social que llegó a tener la anterior televisión pública, pero está cerca de convertirse en una maldición para el Gobierno de Ximo Puig como lo fue en su día Canal 9 para el PP.

Una de las personas que más debe saber tanto del nacimiento, como del funcionamiento y quizá de los contratos de À Punt, la directora general de Relaciones Informativas de la Generalitat en los últimos tres años está atizando de lo lindo al canal en su regreso a su puesto de redactora en el diario Las Provincias. La información privilegiada, para algunos más que reservada, a la que ha tenido acceso  Marta Hortelano, está provocando un llamativo debate deontológico en el mundo periodístico valenciano.

"La ex jefa de propaganda de Puig al ataque.. por qué no lo hizo cuando estaba en Presidencia", escribía en redes sociales un conocido columnista al comentar el último artículo firmado por Hortelano en el que daba cuenta de que À Punt sólo emite cuatro horas en directo en verano.  

Más allá de la falta de química de la ex alto cargo con Empar Marco, la todavía directora general de la televisión pública, lo realmente llamativo es que los responsables de À Punt ya han pasado por el juzgado por supuestas irregularidades en contratos y que la empresa en la que participa un hermano del presidente Puig está siendo investigada por  la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los supervisores deben determinar si la corresponsalía adjudicada al hermano del presidente fue limpia o hubo una acuerdo entre varias firmas para pactar precios y repartirse lotes del contrato.

El PP acaba de anunciar que amplía la denuncia presentada por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en la televisión autonómica. Una decisión fruto, en parte, de las "informaciones que están apareciendo en medio de comunicación",  según apunta la secretaria general de los populares, Eva Ortiz. O lo que es lo mismo, la denuncia contra la televisión de Puig se basa en los artículos de estas semanas escritos por la ex alto cargo de Puig.

Desprogramación estival de À Punt

Bien es cierto que la Intervención de la Generalitat informa de un fraccionamiento de contratos. Está por determinar la legalidad o no de los 14 contratos menores que "deberían haber sido objeto de un mismo contrato y no haberse troceado", según la número dos de los populares valencianos.

Para Ortiz, no hay duda alguna de que se han fraccionado para evitar acudir a la licitación pública, y, al mismo tiempo, advierte de que À Punt mantiene vigentes contratos laborales temporales que pueden ser irregulares. "La intervención insiste en que los puestos de alta dirección deberían seleccionarse mediante un procedimiento que garantice publicidad y concurrencia, y no a dedo", subraya Ortiz. 

El 21 de diciembre 2018 el PP presentó en Paterna una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos. Al mismo tiempo se hacía referencia a un contrato por importe de cerca de 1,4 millones a una empresa propiedad de un concejal socialista de Benifaió.

Hace quince días, la directora de À Punt y el presidente del Consejo rector del ente, una persona de la confianza de Puig, negaban en el juzgado irregularidad alguna y daban por seguro que la querella de los populares no prosperaría. La directora de Relaciones Informativas también era de la confianza de Puig y ahora, por lo visto, lo es más del PP. Por lo menos proporciona munición a la principal fuerza de la oposición contra el Consell que preside el PSPV-PSOE.