Cuestión de cuotas

Las mujeres siguen acaparando el 73 % de la contratación temporal, el desempleo femenino alcanza el 58 % y la diferencia de retribuciones, la “brecha salarial”, en España se sitúa en el 14,9

Les hablaba hace unos días de la actualización que la Real Academia de la Lengua va a realizar en la versión on line del Diccionario de la Lengua Española este mes de diciembre.

Pues bien, otra de las modificaciones será la acepción de sexo “débil”, que viene definido como “conjunto de las mujeres”. No es que la Real Academia vaya a eliminar la acepción, sino que matizará que se trata de una expresión despectiva y discriminatoria. Algo parecido le ocurrirá al “sexo fuerte”, que ya no lo será tanto al precisarse el sentido irónico del concepto.

Hay que remover obstáculos. Toda aportación es bien recibida para acabar con la discriminación por razón de género.

Sin embargo, no todos los partidos políticos son proactivos cuando de luchar contra la desigualdad de género se trata. No deja de ser significativo que, en 2007, cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Efectiva de los Hombres y Mujeres, todos los representantes políticos en el Congreso votaran a favor, a excepción del Partido Popular que se abstuvo.

La exposición de motivos y el articulado de la Ley, profuso y extensísimo en cuanto a su ámbito de aplicación, dejó clara la buena voluntad del Legislador.

Una ley que nació con el objetivo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres más allá de la mera igualdad formal, promoviendo acciones positivas, integrando la igualdad de trato y de oportunidades en las políticas sociales y económicas, señalando situaciones que había que erradicar, como la violencia de género o el acoso sexual, protegiendo la maternidad, y promoviendo la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otros. Y es que desde que entrara en vigor la Ley para la Igualdad Efectiva de los Hombres y Mujeres todo han sido buenas intenciones.

A pesar de ello, las mujeres siguen acaparando el 73 % de la contratación temporal, el desempleo femenino alcanza el 58 % y la diferencia de retribuciones, la “brecha salarial”, en España se sitúa en el 14,9 %, según datos recientes.

Una de las acciones positivas que promueve la Ley de Igualdad es el principio de presencia o composición equilibrada de las listas electorales. Las comúnmente conocidas como “cuotas”. A pesar de sus detractores, es uno de los aspectos de la Ley que se cumple “a rajatabla”, al menos a la hora de confeccionar las listas electorales. Otra cuestión será el resultado que ofrezca la composición y colocación de las mujeres en cada tramo. Curiosamente, el Partido Popular y Ciudadanos, contrarios a las “cuotas” (el PP ya vió rechazado un recurso ante el Tribunal Constitucional en 2008) cuentan con un 40% y un 25%, respectivamente, de mujeres en sus bancadas. PSOE, firme defensor de la paridad, cuenta con un 45 %.

Y hablando de esto no puedo evitar recordar una anécdota. En la campaña de las elecciones a la Generalitat de 2015, la asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia organizó un encuentro al que invitó a los candidatos de los principales partidos políticos. Allí acudimos Mª José Mira (PSOE), Mónica Oltra (Compromís), Mª José Ferrer Sansegundo (PP), Antonio Montiel (Podemos), Ignacio Blanco (EU), Mercedes Ventura (Cs) y yo, como candidata de Unión Progreso y Democracia. La EVAP había invitado a Toni Cantó, que no asistió porque acababa de pegar la “espantá”.

Tras finalizar el almuerzo y comenzar el coloquio, una de las asistentes nos preguntó a los candidatos cuál era el posicionamiento de nuestro partido respecto a las cuotas de género.

Cuando me correspondió el turno de palabra, le indiqué que UPyD era partidario de valorar siempre los méritos y aptitudes de las personas, sin distinguirlas por su género. Pero no pude evitar aclarar, aunque ello fuera políticamente incorrecto por contrario al posicionamiento del partido, que mi postura personal era favorable a las “cuotas”.

Lo dije y lo mantengo. Las cuotas serán necesarias mientras la estadística nos siga demostrando que un porcentaje de la población no está dispuesto a desterrar la discriminación por razón de género.

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