El Síndic de Greuges investiga a la Agencia Valenciana Antifraude

La polémica persigue a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, que gasta nada más ni nada menos 10.000 euros mensuales por el alquiler de sus oficinas en Navellos, la misma calle en la que tuvo su sede el Tribunal de la Santa Inquisición en el siglo XVI. A la decisión inmobiliaria del director de  la Agencia, Joan Llinares, calificada de "barbaridad" por el sindic socialista Manolo Mata, se une ahora otra situación sorprendente.

El Defensor del Pueblo Valenciano (Síndic de Greuges) acaba de abrir  una investigación a la citada institución, que tiene entre sus objetivos órganos de prevención y lucha contra la corrupción además del fomento de una cultura de buenas prácticas  en la gestión de recursos públicos.

La Agencia, según ha podido saber ESdiarioCV, estaría incumpliendo su propia ley de creación del 11/2016, de 28 de noviembre, en cuanto a los plazos de los expedientes. Una vez presentada una denuncia o solicitud, la dirección de la entidad tiene un plazo de 30 días para iniciar el procedimiento o comunicar su archivo. En algunos casos ya han transcurrido hasta cuatro meses sin que Llinares haya trasladado contestación. El Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja y le corresponde ahora investigar el motivo de la demora o bloqueo.

En teoría, la Agencia no puede quejarse de falta de apoyo económico y material. Cuenta con una sede de 680 metros cuadrados, dispone de un presupuesto  de 2.778.650 euros y una plantilla, aún sin completar, de 34 funcionarios. Según el organigrama, hay más jefes que empleados. Además del máximo responsable Joan Llinares, la Agencia dispone de  un director de Análisis de Investigación, otro de Prevención e Información y un director de Asuntos Jurídicos. El staff  se completa con 18 jefaturas. Los once empleados restantes son técnicos o administrativos. 

Llinares asegura que la Agencia está recibiendo un constante goteo de denuncias que afectan a urbanismo, subvenciones, procesos de selección de personal, contratación pública y a las diversas administraciones públicas valenciana

Por si faltaba poco, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana  ha cuestionado la legalidad del reglamento de la Agencia Valenciana Antifraude, según Las Provincias. El TSJ mantiene que son los juzgados y tribunales los que tienen la potestad de juzgar, al tiempo que recuerda que las denuncias caben presentarse en la fiscalía, el tribunal competente o ante la policía. Desde prácticamente la creación de la Agencia distintas voces, incluso del gobierno valenciano, han trasladado que sus competencias se solapan en parte con las de Conselleria de Transparencia de Manuel Alcaraz (Compromís)

Goteo de denuncias

En una reciente entrevista, Llinares asegura que se está "recibiendo un constante goteo de denuncias que afectan a todas las materias: urbanismo, subvenciones, procesos de selección de personal, contratación pública… y a diversas administraciones públicas valencianas". De estas palabras no se deduce que la institución esté tan sobrepasada de trabajo que le impida contestar en plazo a las denuncias para que se investigue posibles casos de uso o destino irregular de recursos públicos o de conductas opuestas a la integridad contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sujeción plena a la ley.

La Agencia asimismo goza de competencias para analizar conductas del personal al servicio de las entidades públicas que "comporten el uso o abuso en beneficio privado de información". Asimismo cuenta con facultades para investigar "actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal". El fin de la Agencia es la de "garantizar los máximos niveles de integridad, eficiencia y transparencia, especialmente en materia de contratación pública, procedimientos de toma de decisiones, prestación de servicios públicos y gestión de los recursos públicos, y el acceso y la provisión en el empleo público para garantizar el respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad".

En este sentido, las denuncias afectarían a la gestión de distintas conselleries y sobre todo a la administración en ayuntamientos, entre ellos el de Valencia.

Llinares, que colaboró con el servicio de transparencia de Ayuntamiento de Barcelona de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, gusta de utilizar las redes sociales para expresar sus opiniones políticas. El director deja clara su afinidad con los planteamientos de Podemos, la formación que exigió en el pacto del Botànic la creación de la Agencia y que aupó al propio Llinares, mediante un proceso de selección, a la dirección de una institución "independiente de todas las administraciones y que sólo rinde cuentas a Les Corts".