Sánchez vuelve a las andadas con ERC ofreciendo indultos y aleja la vía de Cs

Han pasado solo 11 meses desde que Pedro Sánchez, entonces presidente en funciones y camino de la repetición electoral, compareció en Moncloa a propósito de la sentencia del procés y proclamó que el Estado garantizaría el "íntegro cumplimiento" de las penas. Lo que cerraba la puerta a cualquier indulto, aunque ya entonces sus palabras fueron recibidas con escepticismo. 

Este miércoles su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció con la misma solemnidad en el Congreso que la próxima semana su departamento empezaría a tramitar las solicitudes de indulto para Dolors Bassa y Carme Forcadell, pero también para el resto de políticos condenados por rebelión y malversación. 

La próxima semana es el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y la próxima semana es, también, cuando el Gobierno quiere aprobar el techo de gasto y la senda del déficit, como primer paso de los Presupuestos que han de venir después y para los que el Ejecutivo está buscando apoyos. 

Así que el anuncio del ministro no fue casual, por más que el propio Campo afirmara que es su "obligación" y "toca" estudiar esas peticiones. "En absoluto", respondió Carmen Calvo cuando los periodistas le preguntaron si es un guiño a las formaciones independentistas, en especial a ERC. "Es una obligación. El ministro de justicia tiene plazos para tramitar los expedientes. Si los incumple incurre él mismo en un delito", sostuvo la vicepresidenta primera. 

No es todo: en el pack el Gobierno incluye una reforma del Código Penal para modificar los delitos de rebelión y sedición que Justicia está ultimando. 

De puertas afuera, la cortejada de Pedro Sánchez y sobre todo de Pablo Iglesias, Esquerra, recibió con aparente desdén la noticia. La consejera de Justicia, Ester Capella (de ERC), afirmó que lo que quieren es una amnistía general y no indultos, "como si el Gobierno español les perdonara". 

Aunque ERC aparente indiferencia, el gesto del Gobierno no ha caído en saco roto

Pero, intramuros, los de Oriol Junqueras celebraron con moderado optimismo el paso del Gobierno de Sánchez e Iglesias, parte de lo en su día Josep Borrell bautizó como "política ibuprofeno" en Cataluña, destinada a desinflamar y a sacar el problema catalán de los tribunales. 

En enero la condición de ERC para investir a Sánchez presidente del Gobierno fue la mesa de diálogo y hubo mesa de diálogo. Ahora los presos  ocupan el centro del tablero, en un doble juego a caballo entre Madrid, donde se negocian los Presupuestos; y Cataluña, donde Esquerra presiona para que Quim Torra convoque elecciones cuanto antes. 

En paralelo, esta declaración de intenciones supone poner un poco más de distancia con Ciudadanos, como quiere Pablo Iglesias. El partido de Inés Arrimadas anunció que si el Gobierno indulta a los presos recurrirá a los tribunales, como también lo advirtieron el PP y Vox. "Es de una extraordinaria gravedad", denunció Pablo Casado.