26 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Sánchez, el presidente incompetente que además quiere poderes absolutos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la semana pasada

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la semana pasada

Bajo ningún concepto se pueden conceder poderes absolutos, sin ningún control parlamentario ni judicial, a un Gobierno ineficaz y negligente que además es ahora liberticida.

 

El mismo Gobierno que no es capaz de saber, o de querer saber, cuántas víctimas mortales reales se ha cobrado la epidemia en España y que que falló con estrépito en la prevención y gestión de la emergencia sanitaria; dice saber ahora qué va a pasar de aquí a mayo y exige, en consecuencia, unos poderes absolutos para todos estos meses.  

El prolongado estado de alarma que exige, por seis meses, equivale a suspender el control parlamentario del Ejecutivo y el contrapeso judicial, habilitando una especie de "tiranía legalizada" que, con el pretexto sanitario,  le permita a Sánchez enfriar los poderes legislativo y judicial y le libere del contrapeso de la oposición. 

En ningún caso se puede reclamar o respaldar una excepcionalidad democrática, un especie de "Ley Mordaza" global,  con ninguna excusa, pues si se acepta una vez que la eficacia es mayor con un Estado de Derecho hibernado, se acepta para siempre.

Conjugar la diligencia con la coexistencia de contrapoderes que den equilibrio y garantías es la clave de una democracia plena; y aceptar la peligrosa idea de que todo es más sencillo con poderes absolutos sienta un precedente siniestro. E impropio de un Gobierno que se dice progresista pero, en realidad, tiene una tendencia insoportable al liberticidio

Hibernar la democracia con una excusa sanitaria es inaceptable siempre. Pero más con un Gobierno que ha fracasado desde marzo

De para qué puede querer ese poder absoluto da cuenta lo que ya ha hecho con él en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas, con una intervención caprichosa y política que intentó justificar por sus elevados contagios cuando, en realidad, son tres veces inferiores a los de Navarra. O, en otro campo, se intento aparentemente frustrado de asaltar el Poder Judicial.

Ante tantos abusos, Pablo Casado ofreció una alternativa razonable, incluso excesiva para la poca información que ha dado el Gobierno: aprobar un Estado de Alarma por dos meses, con control parlamentario quincenal, e ir comprobando así cómo evoluciona la pandemia. Y desde luego con  rendición de cuentas del propio presidente en las Cámaras, una exigencia suscrita también por Ciudadanos que debe ser innegociable.

Nunca poderes absolutos

Pero el Gobierno lo rechazó todo con desprecio, sin tener en cuenta la posible ilegalidad de declarar un estado de alarma tan prolongado; al margen de la tutela del Congreso; con serias dudas de su encaje jurídico y de cuestionable utilidad como recuerda el último antecedente: España es el país con más contagios de Europa pese a haber sufrido ya el estado de alarma con confinamiento más intenso y duradero del continente. 

Que en este contexto y con esa deplorable trayectoria, digna de investigación parlamentaria y judicial; el Gobierno parezca más centrado en amedrentar a la ciudadanía; silenciar a la oposición y arrinconar al resto de poderes democráticos; es inaceptable.  Si ya es pernicioso tener un presidente incompetente, mucho más lo sería que además ejerciera ese fracaso con poderes absolutos.

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