Caso Alquería: Fiscalía acusa a Jorge Rodríguez de contratar afines a dedo

Fiscalía acusa a Jorge Rodríguez de contratar a dedo para Divalterra a políticos afines y de crear una estructura paralela de poder en la empresa dependiente de la Diputación de Valencia.

Las primeras filtraciones del sumario del Caso Alquería tras el levantamiento del secreto judicial, no sólo revelan presuntas irregularidades en las contrataciones a dedo en Divalterra, sino también que Anticorrupción considera al ex-presidente de la Diputación de Valencia y a esta hora todavía candidato socialista a la alcaldía de Ontinyent, Jorge Rodríguez, creador de una “estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del consejo de administración”.

Divalterra es la empresa pública sucesora de Imelsa, tristemente célebre por ser uno de los ejes centrales del Caso Taula, en el que están implicados ex-dirigentes del PP.

Según la denuncia del ministerio público, esa estructura paralela estaba “formada sólo por los consejeros miembros de los partidos políticos que sustenta a la Diputación provincial” sin que estuviera contemplada en los estatutos, y que ello suponía “el desplazamiento de las funciones que corresponden al consejo de administración”.

 

Es decir, que según Fiscalía, Rodríguez buscaba “favorecer a los miembros del partido dominante” en la institución provincial, el socialista. Se apoya para ello en su denuncia en correos electrónicos que evidenciarían los “artificios buscados para tratar de amparar los contratos de alta dirección” que originaron la apertura del caso. De los contratados dice la Fiscalía que “tres son afines a Compromís y cuatro son afines al PSOE", y que “la única motivación en la contratación” es la vinculación con dichos partidos.

Rodríguez, los dos ex-gerentes de Divalterra (uno socialista y el otro de Compromís) y tres ex-asesores fueron detenidos en junio de 2018 y posteriormente puestos en libertad. Al ex-presidente de la Diputación de Valencia se le acusa de presunta prevaricación administrativa por contrataciones fraudulentas de Alta Dirección efectuadas en 2015 al margen de cualquier procedimiento de selección, y de malversación de caudales públicos en relación con las presuntas irregularidades cometidas con dichas contrataciones, de las que habría sido advertido por los servicios jurídicos.

Además de la denuncia de Fiscalía, el sumario contiene un informe de la Intervención General del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que contempla vulneraciones de una disposición de los Presupuestos Generales de 2015 que impedía contratar más personal para empresas públicas, salvo excepciones.

Esas contrataciones de Alta Dirección, además, eran presuntamente desconocidas por el Consejo de Administración, que estaría siendo puenteado según dicho documento por un llamado Consejo de Dirección del que formaban parte los consejeros del PSOE y Compromís -socios de gobierno en la Diputación- y los gerentes de Divalterra.

El levantamiento secreto y la filtración de parte del sumario del caso le llega al PSPV en muy mal momento, habida cuenta de las fechas en las que nos movemos, con una campaña electoral en marcha, y justo un día antes del inicio del plazo de presentación de candidaturas para las siguientes elecciones, las municipales del 26-M, en las que Rodríguez estaba previsto que encabezara la lista de su partido en Ontinyent.



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