Los planes del Consell para la colaboración público-privada

En el gobierno valenciano casi todos dan por irreversible la vuelta a la gestión pública en Alzira. Especialmente la consellera socialista Carmen Montón, cuyo norte en Sanidad es revertir aunque no pueda. Porque con las radiologías -pese a haber anunciado la vuelta a la gestión directa- ha tenido que envainársela por falta de aparatos para el servicio que no sean propiedad de empresas privadas.

El destino de La Ribera es una apuesta tan fuerte de Montón -que ha arrastrado a Ximo Puig, que contaba con que Pedro Sánchez se la llevara de ministra- que ya sólo lo puede cambiar un tribunal o una ley de rango superior, como una directiva europea. Pero en este último caso va a llegar tarde. Pascual Sala, ex presidente del Supremo y del Constitucional, y desde luego poco sospechoso de ser del PP, explicaba en Valencia Plaza que a partir de ahora (probablemente la norma no sea de obligado cumplimiento hasta verano, y a Alzira le bajará el telón en marzo-abril) habrá que “demostrar” que la “prestación pública directa va a ser más eficaz y más eficiente que la privada. Y esto, insisto, no basta con alegarlo sino que el derecho europeo lo que exige es demostrarlo”.

Sala viene a unirse así al coro de personas progresistas (como el exministro de Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, el catedrático Ramón Tamames, el ex vconseller socialista Felipe Guardiola o la Sindicatura de Cuentas que preside el por cierto alzireño Vicent Cucarella a propuesta de Compromís) que, con los datos objetivos en la mano, no entienden la reversión en La Ribera.

Pero no todos en el Consell llevan la ideología tan lejos como Carmen Montón. La también socialista consellera de Obras Públicas, María José Salvador, aseguraba hace pocos días que “la Generalitat cuenta con la iniciativa privada para desarrollar las grandes actuaciones que deben ejecutarse en la Comunitat Valenciana en los próximos doce años” mediante la llamada Estrategia de Movilidad Sostenible con horizonte 2019-2030. Salvador precisa que “veremos qué posibilidades hay y si existe interés por su parte” (iniciativa privada).

En cualquier caso quizá la persona del Consell más comprometida con la colaboración público-privada sea la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, que se declara “una firme defensora”. Hasta el punto de anunciar en El Economista que se trabaja en la definición de un modelo para el que espera poder crear antes de que acabe la legislatura una sociedad mixta que demuestre que ese modelo es posible y adaptable a diferentes sectores o servicios porque “hay que buscar la mejor fórmula en casa caso”.

Mira asegura que “el actual Gobierno valenciano no es contrario a la colaboración público-privada” a pesar de lo que con los hechos demuestra el Consell en el ámbito sanitario. “Las políticas de cada Conselleria las define cada una”, se excusa Mira.