18 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Si Iglesias hiciera en Cataluña lo que en Podemos sería mucho "peor" que Rajoy

A Podemos se le llena la boca de diálogo para criticar la posiciones represivas del PP con los separatistas pero cuando se trata de resolver motines internos el líder morado no tiene dudas.

Estos días a Podemos se le llena la boca del "diálogo" que debería estar empleando el Gobierno central con los independentistas catalanes, pero eso no es lo que practica Pablo Iglesias a nivel interno, tal como le recuerda este miércoles Javier Caravallo en El Confidencial: "Frente a la ley, se puede ser respetuoso o insumiso, lo que no es posible es combinar los dos aspectos de acuerdo a la conveniencia o a no se sabe qué. A ver, poder se puede, claro, porque cada cual es dueño de sus propias contradicciones, pero cuando alguien espera presidir un día el Gobierno de todos, esa indefinición es catastrófica porque, al final, nadie acaba tomándolo en serio. Podemos está en esas, y al comparar dos conflictos actuales se confirma el desnorte absoluto de su líder, el inexplicable doctor en Ciencias Políticas Pablo Iglesias. Los dos conflictos políticos son la crisis de Cataluña y la de la comisión de garantías de Podemos.". 

Caravallo propone que "para comparar adecuadamente las dos situaciones, pensemos que Pablo Iglesias tiene razón cuando afirma que la comisión de garantías de Podemos se ha extralimitado y ha asumido competencias que no le pertenecen. Es decir, a los efectos de esta comparación, la comisión de garantías es el equivalente al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat, mientras que Pablo Iglesias, como secretario general de Podemos que se enfrenta a una rebelión interna, es el equivalente a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España. Y ahora, veamos cómo actúa cada cual para llegar a la conclusión de que Pablo Iglesias, si aplicara en Cataluña la doctrina disciplinaria que aplica internamente ante una insurrección, sería mucho más duro que Rajoy". 

 

Recuerda que "el origen del conflicto interno de Podemos se produce este verano, cuando la comisión de garantías se arroga unas competencias que, según la ejecutiva que preside Pablo Iglesias, no le pertenecen y anula los nuevos estatutos que había aprobado la dirección de Podemos. Como queda dicho, se trata solo de comparar actuaciones, porque es probable que quien tenga razón en ese conflicto sea la comisión de garantías que, en su papel de árbitro de la organización, simplemente se limita a constatar que los nuevos estatutos que quiere implantar Pablo Iglesias exceden lo aprobado en la asamblea de Vistalegre II —con sanciones disciplinarias contundentes, entre otras, a las filtraciones de prensa—, pero no entremos en eso". 

Por el contrario, "damos por supuesto que Pablo Iglesias tenía razón, que un órgano interno se rebeló y que su presidenta, Olga Jiménez, “se excedió” en sus funciones. ¿Qué hizo la dirección de Podemos, dialogó con los insurrectos para buscarle una salida al conflicto político o impuso sanciones a los insurrectos? En menos de dos semanas, la ejecutiva aprobó un expediente disciplinario contra los ‘insubordinados’ y los destituyó. A la presidenta, Olga Jiménez, que es la que haría el papel de Puigdemont en esta comparación de comportamientos, la suspendió 'ipso facto' de sus funciones por un "posible incumplimiento de la reglamentación vigente, código ético y acuerdos de la asamblea ciudadana". 

En otras palabras, que "fue un procedimiento sumarísimo que dejó perpleja a la presidenta de la comisión de garantías, que fue suspendida antes incluso de que se le comunicara por qué la sancionaban. Y, por supuesto, no pudo defenderse, ni explicarse, antes de que ejecutaran la ‘sentencia’ contra ella. La suspendieron y designaron una nueva comisión de garantías que suplantaba a la anterior, una "pseudocomisión", como la llaman los críticos, y punto final al conflicto. Todo el peso de la ley contra los insurrectos. ¿Pero no hubo diálogo para solucionar el conflicto? Ni siquiera le cogían el teléfono para darle explicaciones".

Es por eso que Caravallo sospecha que "cada vez que Pablo Echenique, o Irene Montero, o Pablo Iglesias, o cualquiera de la dirección de Podemos mencionan la palabra diálogo para resolver el problema de Cataluña, se le deben revolver las tripas a más de un disidente que ha sido laminado de forma preventiva, sin posibilidad siquiera de que le otorguen derecho a la réplica". 

A saber, "si, tras las primeras detenciones por el referéndum ilegal del 1 de octubre, todos ellos acusaron al Partido Popular de imponer una “política represiva” que provoca que en Cataluña haya “presos políticos”, a la luz de esta comparación queda claro que la represión se acentuaría si se aplicara el ‘manual de intervención’ de Podemos ante las insubordinaciones internas". 

En resumen: "¿Cómo es posible mantener dos criterios tan dispares con respecto a un solo concepto, el cumplimiento de la ley? Sinceramente, no tengo ni idea. Y es posible que ni siquiera en Podemos, que un día aspiró a ser partido hegemónico en la izquierda española, sean conscientes del deterioro progresivo de su crédito por este desnorte absurdo en lo fundamental". 

 
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