| 25 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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A la derecha, el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta.
A la derecha, el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta.

Bildu tendrá portavoz en la comisión de control del reparto de fondos europeos

El senador Gorka Elejabarrieta, del ala más dura dentro de la coalición abertzale -miembro de Sortu, será uno de los portavoces en la comisión parlamentaria que auditará el maná de la UE.

| Ana Isabel Martín España

La "ventana de oportunidad" que según Arnaldo Otegi se le abre a EH Bildu con el voto favorable a los Presupuestos Generales de 2021 (decisión que la militancia tendrá que ratificar, y a buen seguro lo hará) abarca incluso los fondos europeos. 

Aunque Pedro Sánchez ha decidido que sea el Gobierno el que parta y reparta el maná de la UE para la recuperación económica y no una autoridad independiente como venía pidiendo Pablo Casado, sí habrá un control extragubernamental. O al menos ése es el compromiso. 

El presidente ha accedido a que sea la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes la que audite periódicamente el buen funcionamiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su nivel de ejecución. 

El PSOE y Unidas Podemos controlan esta comisión, formada por diputados y senadores. De hecho está presidida por la socialista Susana Sumelzo y como vicepresidente primero tiene al diputado morado Roberto Uriarte, que fue secretario general de Podemos en el País Vasco. 

Entre los nueve portavoces de los grupos figura el senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, que es a su vez portavoz de la coalición abertzale en la Cámara Alta desde mayo de 2019. Él será la voz que hable por Bildu y también por ERC, puesto que en el Senado ambos comparten grupo parlamentario. 

Elejabarrieta es responsable de Relaciones Internacionales de Sortu, el ala dura de Bildu; a la que también pertenece el eurodiputado Pernando Barrena, que este mismo lunes saludaba la salida de prisión del histórico etarra Josu de Mondragón y criticaba la extradición de la también etarra Jaione Jauregui porque no contribuye a "la consolidación de la paz y la convivencia". 

   

Elejabarrieta forma parte del grupo habitual de negociación de Bildu con el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos (en el que también están los diputados Mertxe Aizpurua y Oskar Matute) y fue el que en septiembre le arrancó al presidente Sánchez un "lo lamento profundamente" por el suicidio en prisión del Igor González en la cárcel guipuzcoana de Martutene.

De hecho, el senador viene mostrándose a favor de la liberación de todos los presos de ETA. Bien en sus discursos políticos o en sus hasta hace poco habituales colaboraciones en el diario Gara. 

Su posición es, pues, distinta a la del diputado de Bildu Jon Iñarritu, que las terminales de Moncloa se han encargado de hacer viral en las últimas horas por la condena expresa que el lunes hizo en sede parlamentaria del asesinato del guardia civil Diego Salvá. Iñarritu es miembro de la extinta Aralar, que sí condenó el terrorismo y que en 2017 se disolvió para integrarse en la coalición EH Bildu

Por parte del PP el portavoz en esta comisión mixta es el senador Rubén Moreno, por el PSOE el diputado Pere Joan Pons, por Vox Iván Espinosa de los Monteros, por Unidas Podemos Antón Gómez-Reino, por el PNV Aitor Esteban, por Ciudadanos Marta Martín, por Junts per Catalunya Mariona Illamola y por UPN Sergio Sayas. Partidos como Más País, la CUP, el BNG o Coalición Canaria no tienen portavoz propio en el órgano que se encargará del control parlamentario del reparto de fondos.

Un reparto que ya está provocando las primeras fricciones entre los socios de Gobierno después de que Sánchez inicialmente dejara fuera de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia a Pablo Iglesias, con el consiguiente enfado del vicepresidente segundo. Lo que finalmente llevó al presidente a dar marcha atrás y abrir esta Comisión a él y a todos los ministros que inicialmente no habían sido incluidos.

 

En las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De momento hay un primer borrador elaborado por el equipo de la vicepresidenta Carmen Calvo que establece mecanismos para agilizar la concesión de ayudas a proyectos, entre otras vías contratando personal extra en los ministerios y habilitando una ventanilla única.