Los obispos se rebelan contra un Gobierno responsable de "infligir muertes"

El cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha hecho desde su designación un gran esfuerzo por acabar con la imagen de una Iglesia incómoda y política para extender en España la imagen y la actitud del Papa Francisco: conceptos claros, siempre, pero unas formas exquisitas y una vocación social que muchos tildarían de "progresista" pero, para ellos, es simplemente cristiana.

Pero esa actitud, bien distinta a la de los tiempos broncos de Rouco Varela, no parece haber ablandado nada al Gobierno, que hasta ahora no ha hecho más que ofrecer gestos y decisiones despectivos, agresivos o indiferentes hacia el discurso eclesiástico: desde la persecución a la educación concertada hasta la presión fiscal por el IBI o a los bienes religiosos; todo han sido medidas dirigidas contra una Iglesia que no existe pero se estigmatiza en esa misma estrategia frentista que tanto gusta en Moncloa.

La última medida, sin embargo, ha hecho saltar a la Conferencia Episcopal, con la rotundidad que a su juicio merece la inminente aprobación de una Ley de Eutanasia que, al calor de la reclamación casi unánime de mejorar los cuidados paliativos, impone el polémico "derecho a morir".

"La tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público. El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral; un cambio en los fines del Estado: de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida; y también de la profesión médica", subrayan en un comunicado publicado este viernes por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

¿A quién se le ocurre impulsar la eutanasia en el país donde más mata el virus?

En la nota, titulada 'La vida es un don, la eutanasia un fracaso', los obispos españoles piden "a cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia, según verdad y justicia".

Según precisan, basándose en la experiencia de los países donde se ha legalizado, al otorgar el derecho a la eutanasia "se incita a la muerte a los más débiles" que se perciben como "una carga para la familia" y la sociedad y se ven "condicionados a pedir la muerte" porque "la ley les presiona en esa dirección".

Frente a la eutanasia, los prelados urgen a promover en España los cuidados paliativos "que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral" pero que, según denuncian, actualmente, no llegan a todas las personas que los necesitan.

Más cuidados

"La falta de cuidados paliativos es también una expresión de desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder recibir estos cuidados y sólo cuentan con ellos quienes pueden pagarlos", afirman. En este sentido, añaden que la muerte provocada "no puede ser un atajo que permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral".

Además, señalan que "la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida" y ha suscitado solicitud por los cuidados, al mismo tiempo que "indignación por el descarte en la atención a personas mayores".

El mensaje más contundente va dirigido directamente al Gobierno, sin ambages: la ley, que ERC pretenda pueda ser invocada incluso por menores de 16 años, puede quedar aprobada en breve, en plena pandemia, y formar parte del catálogo de servicios del Sistema Sanitario Público. Hasta el punto de que no se descarta que pueda llegar a aplicarse a domicilio y en residencias de mayores.