El incierto futuro político (y judicial) del exalcalde socialista de Benidorm

La investigación que varios juzgados, uno de ellos de Benidorm, están llevando a cabo sobre la posible financiación ilegal del PSPV-PSOE en el período 2007-2011 vuelve a situar en el ojo del huracán al exalcalde Agustín Navarro, que en la actualidad aún mantiene su acta de concejal en la capital turística y es diputado provincial. Y según numerosos testimonios de compañeros de partido, con la intención de continuar en la vida política activa en la próxima legislatura.

Sin embargo, no es la primera vez que directa o indirectamente su figura se ve envuelta en la polémica. El nombre de Agustín Navarro no es desconocido en los juzgados. Si bien ha sido él quien en ocasiones ha ejercido como demandante –sirvan como ejemplos las denuncias contra Leopoldo Bernabeu, otro regidor de Benidorm- no es menos cierto que también ha sido él la figura denunciada otras veces. El caso que más quebraderos de cabeza le está dando hasta el momento es el que tiene abierto en un juzgado de Benidorm por las supuestas contrataciones irregulares de trabajadores durante su mandato, lo que supuso un importante quebranto a las arcas públicas según el departamento de Intervención. Por este asunto está siendo investigado por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Su relación con la principal empresa vinculada a la supuesta red de financiación irregular arrancó en la campaña electoral de 2007, siendo aspirante a la Alcaldía, cuando “las altas esferas” del partido contrataron con la empresa Crespo Gomar S.L. Años más tarde, ya en el sillón de alcalde, el Ayuntamiento adjudicó la instalación de los llamados “opinómetros” a la mercantil Opinomedia S.L., de la cual era socio Alberto Gomar, uno de los que también figuraba en Crespo Gomar S.L. Aquella adjudicación se produjo al amparo del Plan E de Zapatero aunque, en principio, toda la tramitación sería correcta. Navarro, en ese sentido, ya ha manifestado que los expedientes municipales “están a la vista de quien quiera consultarlos. Se hizo todo de forma legal”.

Sin embargo, en el año 2011, con Navarro optando de nuevo a la Alcaldía por el PSOE, las dudas sobre supuestas tramas empezaron a hacerse públicas. Josep Manuel Beneyto, candidato del Bloc-Compromis, ya preguntó por la relación entre el Ayuntamiento benidormense, la empresa Opinomedia y la plataforma “Pasión por Benidorm” que lideraba el apoyo ciudadano a Navarro. Beneyto recordaba que también en Gandía -donde también se habían instalado opinómetros- otra plataforma similar había surgido para aclamar al alcalde y candidato socialista José Manuel Orengo. Se preguntaba Beneyto “si el dinero del Plan E para pagar los opinómetros incluían la campaña electoral también. ¿Estamos ante un caso de financiación de intereses privados con fondos públicos?”.

Hasta aquellos momentos el líder socialista no había sido noticia por ninguna causa judicial. Ahora la situación es bien distinta y puede afectar a su horizonte político. Pese a todo, Navarro ha sabido capear los temporales internos del partido en este tiempo.

Enchufes y contraciones irregulares

Echando la vista atrás, cuando en 2009 capitaneó la moción de censura contra el PP con la ayuda del tránsfuga José Bañuls, el partido se opuso frontalmente a que la misma se formalizase. Es verdad que con la boca pequeña, pero ninguna voz autorizada llegó a dar el “plácet” a la operación. Y eso que por entonces la benidormense Leire Pajín era uno de los pesos pesados del socialismo nacional y su madre, Maite Iraola, una de las concejales firmantes de la moción.

Aquello obligó a los doce ediles socialistas a darse de baja en el partido en lo que sólo fue una maniobra para ser readmitidos poco antes de las elecciones de 2011. Tras la moción de censura, el PP llevó al juzgado su presunta ilegalidad, pero la justicia acabó por dar la razón a los socialistas y avaló la legalidad de la operación.

En 2011 comenzó a gobernar en minoría, pero pronto empezó a discutirse su gestión. Un sindicato, el SPPLB, le denunció a él y al entonces concejal de Personal, Juan Ramón Martínez, por varios delitos en lo que se conoce como el caso de los enchufes o las contrataciones irregulares. Varios años después la causa sigue instruyéndose, ha aumentado el número de imputados y todo apunta a que tarde o temprano se celebrará juicio. Su situación judicial es vista con recelo desde varios sectores del partido. Ni que decir tiene que un pronunciamiento desfavorable le alejaría de forma definitiva de la política.

Mientras tanto, aunque la investigación acerca de la financiación del PSPV-PSOE no se centra en su persona, sí le sitúa otra vez en el entorno de situaciones poco claras que el partido quiere evitar a toda costa apartando a aquéllos sobre los que pueda recaer una sombra de duda.