Alcaldes valencianos exigen en Madrid 38 millones para transporte metropolitano

Delegación de alcaldes que ha viajado a Madrid

Delegación de alcaldes que ha viajado a Madrid

Firman una declaración institucional, en la que especifican que los Presupuestos Generales les “excluye” pese a estar “en igualdad de condiciones con Madrid, Canarias o Barcelona”.

Una delegación valenciana formada por representantes de la Autoridad del Transporte Metropolitano, Conselleria de Obras Públicas y más de medio centenar de alcaldes del área metropolitana de Valencia se ha desplazado a Madrid para pedir al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro que "rectifique" e incorpore una dotación económica de 38 millones de euros para la Autoridad del Transporte Metropolitano de València en los Presupuestos Generales de 2018 (PGE)".

Así lo han exigido en una Declaración Institucional registrada en el ministerio, en la que han subrayado que "el derecho de los habitantes del área metropolitana de València a acceder a unos servicios de transporte son idénticos a los de otras áreas españolas pero para ejercerlos de forma efectiva es imprescindible disponer de medios financieros equivalentes a los de otros sistemas de transporte metropolitano".

 

Entre los firmantes de la declaración institucional se encuentran los alcaldes de Valencia, Joan Ribó, y de municipios importantes del área metropolitana como Mislata, Torrent y Xirivella, así como el alcalde de Massanassa, Vicente Pastor, del PP. Posteriormente, la representación institucional se ha desplazado en el Congreso de los Diputados para trasladar las reivindicaciones a los grupos parlamentarios en una reunión con portavoces.

La declaración institucional firmada reclama que el gobierno español inste los grupos parlamentarios a incorporar vía enmienda una dotación económica de 38 millones de euros para la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia a los PGE 2018. El texto remarca que el proyecto de presupuestos “perpetúa la ausencia de financiación” y “excluye nuevamente el área metropolitana de Valencia, en igualdad de condiciones que otras áreas como por ejemplo Madrid, Canarias o Barcelona”.

A las puertas del Ministerio, la gerente de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), María Pérez, ha denunciado el trato “injusto” y ha señalado que los valencianos “tienen los mismos derechos que madrileños, catalanes o canarios”, remarcando que la ausencia de financiación “repercutirá directamente en la calidad de vida de los ciudadanos”.

Por su parte, el director general de Obras Públicas del gobierno valenciano, Carlos Domingo, ha dicho que desde el 2011 el área metropolitana ha dejado de recibir más de 300 millones de euros en subvenciones del Estado. Domingo ha incidido que “no está justificado que la tercera área metropolitana de España quede al margen de la financiación estatal para las áreas metropolitanas mientras Madrid recibirá 127 millones el 2018, Barcelona 109 millones y Canarias 48 millones”.

Reunión con Montoro el 27 de abril

La gerente del ATMV ha denunciado que “nadie del ministerio nos haya recibido hoy como habíamos solicitado” y ha lamentado que “después de la presión de la consejería y de todos los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana, así como nuestra decisión de trasladarnos en Madrid para expresar nuestro malestar y solicitar las explicaciones oportunas, el ministerio sólo haya accedido a una reunión el día 27 cuando ya prácticamente se está fuera de plazo para la presentación de las enmiendas correspondientes”.

Por su parte, tanto el alcalde de Valencia, Joan Ribó, como el alcalde de Mislata y presidente de la Mancomunidad de l’Horta Sur, Carlos Fernández Bielsa, han coincidido en señalar que los responsables municipales que se han trasladado a Madrid representan además de 2 millones de habitantes del área metropolitana que “no merecen unos presupuestos tremendamente injustos y que los discriminan frente a otras áreas de España”. “Los dos responsables han insistido que es necesaria una “rectificación inmediata del gobierno de España y que no se nos invite sólo cuando el proceso haya llegado a su fin y no haya alternativa”.

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