| 25 de Abril de 2024 Director Benjamín López

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Benidorm
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Benidorm

Benidorm reclama al Gobierno emplear sus ahorros contra el Covid-19

El Ayuntamiento aprueba una moción en la que solicita poder destinar el 100% de los ahorros municipales a luchar contra los efectos del coronavirus, en lugar del 20% permitido ahora.

| Julio Marín Edición Alicante

La corporación de Benidorm ha aprobado por unanimidad una moción conjunta acordada en Junta de Gobierno para instar al Gobierno Central a que permita a los ayuntamientos destinar el 100% de sus ahorros a adoptar medidas que ayuden a paliar los efectos del coronavirus en sus vecinos. El porcentaje actual permitido es del 20%.

La propuesta también reclama al Gobierno español una mayor flexibilidad en la ley de sostenibilidad financiera “por tratarse de situaciones excepcionales”, ha argumentado la portavoz Lourdes Caselles. Igualmente se solicita en la propuesta que se movilicen más de 40.000 millones de euros para las entidades locales y que dicho dinero llegue “cuanto antes” a los ayuntamientos para poder atender a las familias. “Los ayuntamientos somos quienes mejor conocemos las necesidades de nuestros ciudadanos” ha explicado Caselles en el debate plenario.

La propuesta incluye también una petición al Gobierno para que inste a las instituciones europeas para que la nueva programación de fondos europeos para el período 2021-2027 incluya la creación de “fondos específicos destinados a los ayuntamientos para la reconstrucción de economías locales”.

Por otro lado, el gobierno local ha sacado adelante, con la abstención de la oposición formada por PSOE y Cs, una modificación presupuestaria de 1,5 millones de euros para dotar la partida para ayudas a autónomos y pymes con motivo de la crisis, que según ha indicado la concejal de Hacienda, Aida García, “ya estará disponible una vez aprobado el punto en el pleno y a falta de que en pocos días se dé luz verde a las bases reguladoras”.

Lo que no ha prosperado han sido las propuestas elevadas por el grupo Ciudadanos relativas a la implementación de medidas para paliar los efectos de la crisis social y económica del coronavirus con el argumento del gobierno local de que “la mayoría de ellas ya están puestas en marcha”. Tampoco se ha aceptado la realización de una campaña para promocionar Benidorm como un destino seguro sanitario ni la adopción de medidas de seguridad en el ayuntamiento y edificios municipales para frenar la propagación del virus.

Por otra parte, la mayoría absoluta del gobierno ha permitido la aprobación de una propuesta del concejal de Obras para llevar a cabo una modificación en el proyecto de la obra de la avenida del Mediterráneo, que supone un sobrecoste de 1,8 millones de euros, el 18,5% del coste de adjudicación. El edil José Ramón González de Zárate ha señalado que la propuesta “cumple con la ley y está avalada por los técnicos, la dirección facultativa de la obra y la concesionaria de gestión del agua”, que se hará cargo de la mayor parte del incremento.

El portavoz socialista Rubén Martínez ha lamentado que el sobrecoste “era algo que muchos ya sospechábamos que iba a ocurrir porque la planificación no fue acertada” mientras que el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, ha incidido en lo mismo citando otros ejemplos de sobrecostes con gestión popular como el Palau d’Esports, el nuevo Ayuntamiento o Estación de autobuses. Balastegui también ha recordado que las obras de Mediterráneo comenzaron el 9 noviembre de 2018 y tenían una duración prevista de 11 meses. “Ya han transcurrido 19 meses y siguen sin terminar” ha puntualizado.

El pleno, por último, ha acordado también la cesión demanial a la Generalitat de una parcela en la avenida Benissa, junto al Invattur para la construcción de un nuevo CDT. El convenio establece un máximo de cinco años para la construcción del centro y se determina que si no se destinase a dicho uso, la parcela revertirá de nuevo al Ayuntamiento.