Un posible amaño en la M-30 salpica a Gallardón y a su exconcejal de Urbanismo

La sombra de la corrupción vuelve a planear sobre las obras del soterramiento de la M-30 en Madrid después de las averiguaciones del programa de Telemadrid Crónicas Subterráneas.

Su equipo ha destapado un posible delito de alteración de subasta pública -a decir por dos fiscales consultados por el programa- cometido por el Ayuntamiento de Madrid en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el alcalde y Pilar Martínez su concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

Las constructoras que resultaron adjudicatarias del proyecto de obra del túnel norte del bypass sur de la M-30 encargaron la tuneladora con la que se iban a hacer los trabajos dos meses antes de que estos les fueran adjudicados. Se hizo el pedido en junio de 2004, cuando aún estaba abierto el plazo de presentación de ofertas. Y la obra fue formalmente adjudicada el 12 de agosto de ese año. 

Es difícil pensar que Ferrovial-Agromán y Necso Entrecanales y Cubiertas (perteneciente al grupo Acciona), la UTE que ganó el concurso público, pudo haber hecho un encargo tal sin tener la seguridad de que lo iba a ganar.

Principalmente porque la tuneladora Dulcinea fue diseñada específicamente por la empresa alemana Herrenknecht AG, especializada en la fabricación de maquinaria de perforación, para dicho trabajo. Y porque costaba 45 millones de euros.

En el número de noviembre de 2005 de la revista corporativa de la compañía, se lee: "Las empresas de construcción españolas Necso Entrecanales y Cubiertas S.A. y Ferrovial-Agromán S.A encargaron esta tuneladora en junio de 2004 para horadar los 3.650 metros del túnel norte de la circunvalación de la M-30. Después de un tiempo de fabricación de solo doce meses, nuestros clientes pudieron dar su aprobación definitiva a la tuneladora en la sede de Herrenknecht en junio de 2005".

El importe de adjudicación de ese tramo de soterramiento fue de 331 millones de euros. El precio final, por contra, ascendió a 526 millones de euros, un sobrecoste de 195 millones.

Ruiz-Gallardón no ha querido hablar con los periodistas del programa para explicar cómo es posible que las constructoras adjudicatarias tuvieran conocimiento de que el Ayuntamiento iba a fallar a su favor antes de que se celebrara el concurso.

Desde su despacho de abogados argumentan que "desde que decidió retirarse de la actividad política, prefiere no intervenir en ningún medio de comunicación". 

Sin embargo, quien sí sigue en política es su entonces concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, que aspira a ser nombrada candidata del PP al Ayuntamiento de su municipio.

Cabe recordar que ambos, Ruiz-Gallardón y Martínez, están imputados en el caso Lezo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en este caso por la etapa de Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de la Madrid. Se investiga a todo el equipo de gobierno de entonces por la compra, presuntamente irregular, de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II. 

Y la presidenta del PP de Villaviciosa tiene, a mayores, otra causa con la justicia pendiente de sentencia por un presunto delito de ordenación del territorio al construirse ella y sus hermanos chalés y piscinas en una finca familiar en terreno protegido y no urbanizable.