Corinna ahorra un trago a Zarzuela con el paseíllo que quería aprovechar Podemos

No habrá paseíllo a las puertas de la Audiencia Nacional. Y por lo tanto, no habrá tampoco circo mediático, ni aprovechamiento político, ni la conocida como pena del telediario que tantos imputados han tenido que sufrir en sus carnes en esta última década. Corinna se libra de viajar a Madrid y de paso ahorra un sofoco al Palacio de La Zarzuela.

El juez Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que contesta favorablemente a la propuesta de la defensa de la amiga íntima del Rey Juan Carlos, Corinna Larsen, para que su declaración como imputada fijada para el próximo 28 de septiembre se realice desde la embajada española en Londres.

En principio la comparecencia se realizara por videoconferencia, si bien el juez deja abierta en su resolución la posibilidad de acudir personalmente a Reino Unido para tomar declaración a la alemana, han informado fuentes jurídicas. Esta posibilidad arrastra dificultades debido a las restricciones que las autoridades británicas han impuesto a los extranjeros, que deben aislarse durante 14 días al llegar a la islas.

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De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde al recurso de Corinna contra su decisión de no permitir que el interrogatorio tuviera lugar por videoconferencia desde el despacho de la propia Larsen en Londres, tal y como proponían sus abogados.

El juez respondió instando al desplazamiento de la empresaria a nuestro país para acudir personalmente a la sede de la Audiencia Nacional, si bien finalmente la imputada declarará desde la embajada española en aquel país.

La empresaria y examiga del rey Emérito es investigada en el marco de la pieza número 5, denominada Carol, de la macrocausa Tándem. El juez la quiere interrogar sobre el supuesto encargo que habría realizado al comisario José Manuel Villarejo, para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.

La defensa también pidió al juez que la empresaria vaya acompañada de un letrado británico de su elección para "salvaguardar los derechos reconocidos por la legislación del Reino Unido a tal efecto" porque "no puede admitirse que la declaración mediante videoconferencia desde la Embajada de España cuente con menos garantías que la ejecución de una Orden Europea Internacional".