Fiscalía pide archivar la causa de financiación del PSPV que afecta a Vivienda

El Ministerio Público no aprecia la comisión de delito en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012.

La Fiscalía ha solicitado a la juez que investiga las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar, agencia que está siendo investigada por la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano (PSPV), que acuerde el archivo de esta instrucción que a finales de agosto, fue declarada compleja, por lo que su duración se amplió otros 18 meses.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, se ha adherido a la Abogacía del Estado, que ya solicitó el sobreseimiento de esta causa al no apreciar la comisión de algún delito en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por el importe 126.208 euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, investiga a altos cargos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Ministerio de Vivienda y a funcionarios de este departamento, entre ellos el que fuera jefe de Gabinete de la exministra Beatriz Corredor, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el exsubsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer.

También están imputados la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud --destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor-- y Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia y responsable de la agencia de comunicación. Todos ellos están investigados por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.

"Esta representación procesal sostiene que las irregularidades denunciadas, objeto de este procedimiento, carecen de relevancia jurídico penal", dice el escrito de la Fiscalía, que apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, argumenta que "no puede ser confundida la ilegalidad administrativa con el delito de prevaricación", que a su parecer, en este caso no se habría producido.

En concreto, expone que analizadas las declaraciones de los investigados, la documental unida a autos y la propia ratificación pericial practicada en sede judicial, no considera que se haya producido un delito de prevaricación administrativa porque ello "exige que las irregularidades administrativas sean esenciales y obviadas conscientemente para dar entrada a la arbitrariedad, el amiguismo y el clientelismo político" y "a la vista de lo expuesto, no se da en esta causa".

"Recordemos que ninguno de los acusados conocía la empresa adjudicataria, tampoco existen otros indicios que permitan apreciar una relación entre ellos", añade el informe, que posiciona al Ministerio Público así en la misma línea argumental sostenida por la Abogacía del Estado, favorable también al archivo de las actuaciones.

Se da la circunstancia que la magistrada instructora declaró compleja esta causa el pasado 31 de agosto, aceptando la petición de la fiscal sobre prolongar hasta un año y medio más la instrucción debido a "las especiales características de los hechos punibles, el número de investigados, así como el resultado de diligencias ya acordadas, que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de seis meses", tal y como establece la LECrim.

Según el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, la prorroga de la investigación se debe a que se pidieron unos certificados al anterior gobierno de Mariano Rajoy que "no han llegado" y al cumplirse los seis meses de instrucción se ha tenido que dar este paso.

El juzgado de Instrucción número 24 arrancó la investigación tras recibir la inhibición de un juzgado valenciano, que comenzó a estudiar la causa a raíz de un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011. Los investigadores explican que la sociedad Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

CAMPAÑA "INCOHERENTE E IMPOSIBLE", SEGÚN UN PERITO

Una vez la causa llegó a Madrid, la juez comenzó a interrogar a las personas antes mencionadas y a un perito que concluyó que la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación 'Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012' resulta "incoherente e imposible". Este informe fue ratificado después en sede judicial.

Paralelamente, otro juzgado madrileño, el de Instrucción número 43, abrió causa por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros, en la que se investigó a Etelvina Andreu, directora general de Consumo en 2008, que un año antes había sido candidata a la Alcaldía de Alicante. Finalmente se archivó a principios de julio, decisión que el PP --acusación en este caso-- recurrió y que la propia instructora rechazó.

Comenta esta noticia
Update CMP