No manipulen a los pensionistas e impulsen reformas para garantizar el sistema

Sólo en la última década, el gasto en pensiones en España ha pasado de representar el 8.5% del PIB a alcanzar casi el 11%, coincidiendo además con la mayor crisis económica sufrida en el último siglo. Esa cifra en términos absolutos coincide además con otra que, en términos relativos, fija el asunto en el punto de partida correcto: la pensión media española roza los mil euros mensuales, situándose muy cerca del salario medio.

Y todo ello con un saludable incremento de la esperanza de vida, un inquietante hundimiento de la natalidad y una merma de cotizantes que, en número redondos, dibuja una España preocupante: apenas 13.5 millones de empleados han de mantener a los 33 millones restantes de ciudadanos que no cotizan, entre niños, parados, jubilados y otros colectivos subsidiados. Sin sustitutos suficientes demás por la poca reposición fruto de la dificultad para traer hijos al mundo.

España ha hecho un esfuerzo grande para tener un sistema de pensiones digno. Y para preservarlo, tiene que debatirlo sin demagogia

Todo ello se concreta en una última cifra, ciertamente llamativa, que sitúa el gasto en este apartado en los 122.000 millones de euros anuales. Viendo el paisaje global  y en perspectiva, nadie en su sano juicio puede negar ni el esfuerzo que hace el Estado por compensar ahora el esfuerzo que los pensionistas hicieron durante su vida laboral ni, tampoco, la necesidad de implementar reformas para garantizar sus sostenibilidad.

En lugar de ello, parece hacer partidos políticos, especialmente Podemos, dispuestos a manipular a los pensionistas para cercar al Gobierno. Ese espíritu demagogo y emocional está detrás de las manifestaciones de pensionistas que acabamos de vivir en España, en las que se mezclan conceptos y aspiraciones para, al final, repetir la dialéctica política habitual de una oposición que acusa al Gobierno de hundir el Estado de Bienestar, ahora en un sector especialmente sensible.

Tratarles con decencia

Los pensionistas son uno de los colectivos más numerosos y también valiosos de España. En ellos reside una parte crucial de la red asistencial que ha hecho soportar la crisis a mucha gente y, además, en el cuidado y respeto que un país dé a sus mayores reside buena parte de la decencia y valores colectivos.

Por ambas razones son objeto de tentaciones políticas, bien para atraer su voto, bien para al menos evitar que se lo den a un rival. Y si todo ello coincide con una insuficiente revisión de los importes anuales y una conveniente exaltación del problema en las cadenas de televisión habituales; se prende otra hoguera de polémica y crispación para incendiar el debate en España y esquivar, sin embargo, las propuestas razonables que urge conocer.

El mismo partido que acusaba a 'los viejos' de evitar su victoria no puede creerse ahora salvador de los jubilados

El sistema de pensiones necesita reformas para hacer compatible su existencia con las realidades estadísticas que la soportan en términos de población activa y pirámide demográfica. Esto no es discutible. Sí lo es, y nadie lo dice, la falta de aplicación de esa misma idea en tantos otros ámbitos de la Administración que jamás se tocan.

Otras reformas primero

Si tan delicada es la situación en España, ¿por qué no se mete el coste real de las pensiones en su Presupuesto General, en lugar de en una hucha al margen, y se reduce antes el inmenso dispendio en ayuntamientos, diputaciones, institutos, facultades, observatorios, colocados y demás pobladores innecesarios y costosísimos de la Administración?

Ése sería el camino para hacer menos aguda la reforma del sistema de pensiones y, también, más eficaz la Administración. No desde luego asaltar las calles, utilizando la preocupación de nuestros jubilados para hacer política frentista barata desde los mismos partidos que, hasta hace nada, acusaban despectivamente a los viejos de evitar su victoria en las urnas.