Sánchez enfadará a otro sector clave con un "palo fiscal" que retumbará en USA

En plena crisis por la suspensión del Mobile en Barcelona, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue buscándose enemigos. Mientras que ha dejado de lado a las principales potencias europeas, desvinculándose de Macron y Merkel en el seno de la Unión Europea, y tiene a Trump en contra, por sus coqueteos con el régimen chavista de Venezuela, entre otros asuntos, ha abierto otro nuevo frente, el económico.

Y lo hace proponiendo una nueva reforma fiscal que grava a las grandes empresas del mundo y que según los expertos harán subir el precio de determinados productos.

Y es que, en un nuevo guiño hacia las visiones económicas establecidas desde Podemos, el Gobierno ha decidido seguir hacia adelante con dos impuestos tremendamente discutidos en el seno de la comunidad internacional, ya que suponen una nueva afrenta contra los intereses de las principales multinacionales del planeta que tienen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump como principal defensor.

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La llamada tasa Google y el impuesto que gravará las transacciones financieras son las nuevas propuestas del Gobierno, que ya se esbozaron en los presupuestos pactados con Podemos para 2019 pero que finalmente no se aprobaron y que desencadenaron unas nuevas elecciones.

Pero ahora está sobre la mesa la apuesta firme y decidida del Ejecutivo de seguir hacia delante con estas propuestas. De hecho, ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero la que ha anunciado que los nuevos impuestos "están listos" y se aprobarán "en los próximos Consejos" de Ministros.

El Gobierno prevé recaudar 2.000 millones

La titular de Hacienda ha afirmado que ambas leyes ya han completado su fase de audiencia pública y "han pasado todo el procedimiento", al igual que la nueva ley contra el fraude fiscal, aunque no ha precisado la fecha de su aprobación alegando que "la planificación es dinámica".

Aún así, sea cuando sea el momento de su aprobación lo cierto es que la política económica que propone el Gobierno necesita de más ingresos para poder sustentar el gran gasto que planea llevar a cabo si realmente cumple con sus promesas electorales. En el proyecto de presupuestos del 2019, Montero calculó que estos dos nuevos impuestos proporcionarían unos 2.000 millones de euros, cifra que la Autoridad Fiscal consideró excesivamente optimista, pero traerán aparejados enormes fricciones internacionales que tendrá que solventar.

La amenaza de Donald Trump

De hecho, Francia tuvo que congelar su tasa a las grandes tecnológicas el pasado mes de enero ante la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos franceses, algo a lo que se tendrá que enfrentar España, en un momento especialmente crítico para los productores españoles, que podrían verse tremendamente perjudicados si los Estados Unidos deciden hacer lo mismo ante la aprobación de este nuevo impuesto por parte de Sánchez.

Además, este nuevo cambio de dirección de la política fiscal de Sánchez, contrasta con el discurso lanzado en Davos, cuando el Gobierno se comprometió ante los líderes internacionales a esperar a que se produjese un acuerdo entre todos. De hecho, fue la ministra de Economía, Nadia Calviño la que aseguró que “nosotros no renunciamos a la tasa, que forma parte de nuestro programa electoral, pero esperaremos a un acuerdo internacional en el marco de la OCDE para el 2020”.

Sin embargo, el Ejecutivo parece que ha cambiado de opinión y está decido a seguir hacia delante con este nuevo impuesto, que al margen de las cuestiones de relevancia internacional que puedan derivar, tiene aparejado un coste del que poco se habla, ya que los expertos aseguran que traerá consigo un aumento de los precios que, según la cosultora PwC, supondrán una pérdida para los consumidores de entre 515 y 665 millones de euros al año y una cifra muy similar en la caída del beneficio empresarial.

El impuesto a la banca terminará repercutiendo en el consumidor

Por su parte, en cuanto al impuesto a las transacciones financieras, es una de las reivindicaciones de la formación morada desde sus inicios, que han visto en los bancos al enemigo a batir en su lucha contra la casta.

Bien es cierto, que hay países como Francia o Alemania que han establecido tasas similares, que gravan las operaciones financieras, pero también es cierto que el Tribunal de Cuentas francés advirtió en 2017 de que los más perjudicados en todos estos años de aplicación han sido los clientes, que son quienes en último término han tenido que pagar la tasa.

Desincentivará la inversión española y extranjera

Además, según los datos facilitados por la patronal del sector, Inverco, sus datos, esta tasa Tobin hará perder un 7,4% del patrimonio de los fondos de inversión y un 5,6% de los planes de pensiones en los próximos 25 años, lo que desincentivará la inversión en la renta variable española. También, su directora general, Elisa Rincón, ha recordado que "esta tasa no solo afecta a los inversores españoles, también a los extranjeros que inviertan aquí".

Así, pues el Gobierno prevé lanzar cuanto antes dos nuevos impuestos que tienen muy buena prensa en el sector progresista porque en principio servirían para que las grandes empresas aporten más al sector público y a la economía, pero lo cierto es que finalmente será el consumidor final y las pequeñas empresas las que tendrán que soportar el peso de nuevos impuestos, que además traerán consigo consecuencias inesperadas si Estados Unidos cumple con sus amenazas de ampliar los aranceles, al igual que ha hecho con Francia.