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La esperada noticia sobre el juez Marchena aterroriza en el casoplón de Waterloo
El Poder Judicial "renueva" al magistrado más odiado por el independentismo al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es la que aguarda a Puigdemont si Bélgica cumple.
El enemigo público número uno de los golpistas del procés sigue al pie del cañon. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el nombramiento de Manuel Marchena al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por otros cinco años, al ser el único candidato que se ha presentado para renovar el cargo.
No ha recibido sin embargo el apoyo de todo el Pleno, ya que los vocales Enrique Lucas -designado a propuesta del PNV- y Concepción Sáez -a propuesta de IU-, han votado en blanco, han informado en fuentes de este órgano.
Tanto Lucas como Sáez son dos de los cuatro vocales que han venido presentando votos particulares a los nombramientos realizados en los últimos Plenos de un órgano que se encuentra en funciones desde el pasado mes de diciembre, cuando concluyó el mandato de cinco años de todos sus miembros.
El juez Manuel Marchena procede de la Carrera Fiscal, a la que accedió tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Deusto en 1981, y tuvo su primer destino en la Audiencia Territorial de Las Palmas en 1985. Nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en 1992, dos años después pasó a ejercer como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde estuvo hasta 1996.
En esa fecha, volvió a su anterior destino -la Secretaría Técnica- y, en 2003, fue designado fiscal de sala jefe. En 2004 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, con destino en la sección penal, puesto en el que permaneció hasta que el 31 de enero de 2007 fue elegido por el pleno del CGPJ magistrado de la Sala Segunda por el turno de juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio.
Desde entonces ha permanecido en la Sala Segunda, de la que fue elegido presidente en noviembre 2014. Durante los últimos cinco años, además de ejercer sus funciones gubernativas, Marchena ha sido ponente entre otras de resoluciones como la que avaló que la llamada "lista Falciani" fuera prueba válida para fundar una condena por delito fiscal en España.
