26 de abril de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Menos de 100 habitantes

La despoblación es, junto al envejecimiento y la baja natalidad, uno de los grandes problemas de España. Sin embargo, nadie se ocupa de él pese a las consecuencias que tiene.

El pasado mes de agosto varios articulistas de periódicos de tirada nacional volvieron a visitar los pueblos de sus padres. Por lo que parece, algunos volvieron pronto de vacaciones, o bien se organizaron para escribir sus artículos desde allí, alejados de la actualidad política nacional. Es una posible explicación a los numerosos artículos publicados este verano tratando la despoblación del rural español, y el poco futuro que le augura alrededor de 4.000 pueblos, especialmente del interior. Ahora, ya entrado septiembre, nos hemos olvidado.

No me entiendan mal, tienen toda la razón al trabajar intensamente este asunto, y es necesario todo el impulso posible, pero la falta de continuidad de las alertas sobre sus riesgos es preocupante. La despoblación necesita alzarse como el gran problema que, junto al envejecimiento, va a determinar la estructura social y territorial del país con la que lidiarán las próximas generaciones.

 

Los periodistas podrían visitar los pueblos de sus padres en febrero, subir a la Sierra de Albarracín o al Cañón del Río Lobos en primavera, y entonces escribir, ya con la perspectiva completa de la vida rural a lo largo de los duros meses, los detalles de este complejo problema – no solo la bucólica semana de fiestas de agosto que triplica la población-.

Un problema silenciado

Conociendo desde lo más profundo del asfalto capitalino qué pierde España sin sus pueblos la cuestión tendría el eco político que merece, y tal vez se empiece a incluir la respuesta «La despoblación», o «La crisis demográfica», a la encuesta del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. Por ahora ni siquiera aparece.

Hay más gente preocupada por «La monarquía» (0,4 %) que porque se vacíe el 90 % del país. O porque seamos uno de los países con la menor tasa de natalidad del mundo (9,2 nacidos por cada mil habitantes), que, ya que estamos, también guarda relación.

Sin el apoyo de los medios de comunicación de tirada nacional será imposible que plataformas como la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, Teruel Existe o Zamora10 logren introducir la cuestión en la agenda política con el peso que merece. Seguirá siendo un tema del que hablar en verano.

Pero la responsabilidad de fondo no la tienen sola para ellos los medios, por supuesto. Al fin y al cabo, decide quien decide, y los cuatro principales partidos políticos podrían haber abrazado este reto por su interés a largo plazo. Pero hay una pega: afecta solo a un 20% de la población, envejecida, que da pocos votos y titulares y cuesta muchos recursos.

Por lógica matemática es más eficiente pedir el cambio de la distribución de escaños del Congreso, dejar a Teruel y Soria con un diputado cada una y centrarse en los entonces más de treinta y seis diputados de Madrid.

Hay más gente preocupada por «La monarquía» (0,4 %) que porque se vacíe el 90 % del país. O porque seamos uno de los países con la menor tasa de natalidad del mundo

Más allá de un mayor o menor interés, la perspectiva sobre este problema es diferente entre los cuatro partidos, y esto ha remarcado nuevos clivajes, brechas que dividen la política que siguen a la división izquierda-derecha antes difuminadas en el bipartidismo imperfecto.

Las divisiones generacionales y territoriales han (re)surgido con Podemos y Ciudadanos, y, entre otras variables, se originan en la división del dominio de los canales de comunicación: Para los nuevos las redes sociales de la juventud urbana, frente a los medios tradicionales de la población de mediana y tercera edad cubiertos por PP y PSOE.

Los cuatro partidos

Podemos y Ciudadanos han entrado con fuerza, y con ello han impuesto su agenda escorada hacia las cuestiones que más afectan a su público objetivo: Políticas identitarias, empleo juvenil y condiciones laborales, vivienda, movilidad urbana, calidad del aire, nuevos derechos, etc. Siempre desde la perspectiva de Malasaña o el Raval. Los medios de comunicación tradicionales, sujetos a unas necesidades económicas que las redes sociales no requieren, se han visto obligados a seguir esta agenda – y los métodos insanos de difusión de estas noticias- para tratar de seguir subsistiendo.

Así, poco a poco, a la ausencia de cuestiones que afectan a la España rural se le suma una visión «urbanocéntrica» del medio ambiente; de la ganadería y la agricultura; de la caza y la pesca; de la cultura, el arte y la artesanía; del ocio; del mantenimiento y uso del campo; de la relación con la fauna. El desconocimiento o desinterés en impulsar las necesidades de estos territorios (infraestructuras de transporte, banda ancha, opciones de ocio para la atracción de familias jóvenes, educación, exenciones fiscales, etc.) recrea la antigua brecha urbano-rural en la división «nuevos partidos-viejos partidos».

 

 

Tampoco es que el PP y PSOE merezcan medallas por desarrollar grandes proyectos nacionales contra la despoblación, es una cuestión de perspectivas, de implantación en estos territorios, y de la elevada edad media de sus habitantes lo que les coloca unos pasos por delante.

La despoblación tiene que ser atractiva para los partidos políticos y para los medios de comunicación, deben proponer sus soluciones con amplitud de miras, pensando en cómo no solo afecta a la población del rural, sino a la articulación completa de España y su población.

Al fin y al cabo, solventar los problemas de despoblación no radica en asegurar un lugar vacacional pintoresco para atraer a una minoría turística, o de mantener en respiración asistida pueblos por romanticismo. El coste de la despoblación rural es grande, y corre el riesgo de ser enorme.

 

El precio de las viviendas en las ciudades y sus áreas metropolitanas crece al ritmo al que se vacían los pueblos y las industrias se ven incapaces de mantenerse, en condiciones desfavorables, en los mismos; el coste de llevar servicios a las zonas rurales resistentes se multiplica; se complica el mantenimiento de la producción agrícola y ganadera que tanto aporta a la economía y a la Marca España; se degradan las condiciones medioambientales, aumentando el número y gravedad de los incendios forestales y empeorando el control de la fauna y flora; se encarece y degrada el patrimonio artístico-cultural, y con ello se desgasta nuestra historia común.

La agenda política

Y, por encima de todo, se trata de asegurar los derechos de quienes todavía residen allí: la asistencia sanitaria, la educación, la movilidad, el empleo.

No destaca en las agendas políticas una de las cuestiones que más va a afectar a España a medio-largo plazo; no está entre las preocupaciones de los españoles; no está en los titulares. Y, sin embargo, el reloj pasa, y con él las consecuencias y los costes se agravan. Soluciones las hay, y muchas, pero se desarrollan a niveles local o regional.

Es necesaria voluntad a nivel nacional, pensando más allá de los beneficios electorales inmediatos. En este sentido, hemos estado muy cerca hace pocos meses de conocer la esperada «Estrategia nacional contra la despoblación» que articule estas soluciones, pero ha quedado aparcada tras el cambio de gobierno. Posiblemente se volverá a vender poco antes de las elecciones locales y autonómicas.

No. Este plan nacional no debe estar sujeto a estrategias electorales, sino presentarse como prioridad política general, urgente y común en forma y fondo para los cuatro partidos. Todo lo demás serán parches.

 

(*)  Álvaro Couceiro Farjas es Sociólogo y consultor de Asuntos Públicos en Atrevia.

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