Cifuentes corta por lo sano ante sospechas de escándalo en el Metro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aceptó la renuncia del director general de Trabajo, Ramiro Salamanca, presentada tras conocerse que su esposa había ocupado el cargo que dejara vacante como responsable de la Asesoría Jurídica de Metro de Madrid al pasar a su nuevo destino en octubre pasado. 

La relación de parentesco entre Salamanca y la nueva jefa del área jurídica del suburbano era conocida en las oficinas de la madrileña calle Cavanilles desde hacía al menos un par de semanas. Pero su difusión, este viernes, propició un terremoto que se saldó con el cese del director general de Trabajo. 

Salamanca, letrado de la Comunidad de Madrid, pasó a desempeñar dicho puesto el pasado mes de octubre. Entonces se hizo cargo de la Dirección General a consecuencia del cese de Américo Puente por su implicación en la trama Púnica. 

La jefatura de la Asesoría Jurídica de Metro quedó vacante, abriéndose un proceso de selección al que se presentaron seis personas. Dicho proceso, según la Comunidad, se llevó a cabo con todas las garantías legales, por lo que Álvarez, que fue letrado-jefe de la Comunidad de Madrid, mantiene el cargo. 

Sin embargo, al conocerse la vinculación de parentesco entre Álvarez y Salamanca, y para evitar que aparecieran dudas sobre la validez del proceso aludiendo a las presuntas vinculaciones de su marido con quienes llevaban a cabo la selección, Cifuentes y su equipo se mostraron implacables: legal sí; éticamente, feo. 

Y más teniendo en cuenta que la presidenta se ha mostrado muy sensible hacia las cuestiones referentes al suburbano, al que quiere mimar y potenciar en su gestión según las instrucciones transmitidas al consejero de Transporte, Pedro Rollán, y al consejero delegado, Juan Bravo.

De este modo, Salamanca volverá a reintegrarse como letrado de la Comunidad. Pero no lo hará en su anterior puesto en Metro de Madrid, ya que su esposa seguirá  al frente de la Asesoría Jurídica.