07 de julio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La juez sí señala al 8M y al Gobierno, digan lo que digan Sánchez y Podemos

 

 

Desde un primer momento ya se había advertido de la dificultad de que prosperen acciones penales contra el Gobierno por su responsabilidad en la pandemia de coronavirus, incontestable con las cifras nacionales en la mano y su comparativa con la práctica totalidad de los países del mundo: aquí han llegado a morir más personas en un día que en Corea del Sur en toda la emergencia, pese a que ambos países tienen recursos similares y recibieron a la vez las mismas alertas internacionales. 

Pero para ponerle un precio penal a una certeza estadística, hay que demostrar la relación de causa-efecto entre una decisión y el contagio concreto de una o varias personas: no basta con saberlo, hay que demostrarlo con la precisión necesaria para castigar hasta con cárcel un determinado comportamiento.

Esto es lo que viene a decir la juez Rodríguez Medel para archivar, provisionalmente, la denuncia contra el Delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El Gobierno ha respirado aliviado antes de tiempo. Y alguna ministra, como Irene Montero, ha ido más lejos aún, utilizando la resolución para denunciar una supuesta campaña contra el feminismo y defender una gestión deplorable que antepuso la ideología a la salud pública.

 

Celebrar esta decisión como una victoria, con 43.000 muertos, es un bochorno. Y además una temeridad. Hay 50 denuncias interpuestas aún, muchas de ellas procedentes de sindicatos sanitarios que saben bien de lo que hablan. Y el Tribunal Supremo ya ha demostrado en el pasado que, por muchas presiones que sufra, es capaz de actuar con rectitud.

Pero no es una cuestión solo de qué digan los tribunales, en todo caso: las responsabilidades políticas, cuando son tan claras, tienen otras formas de dirimirse, y no hay más que ver los ejemplos parlamentarios de Francia o Italia, países con daños enormes fruto de la impericia de Gobiernos que, como en España, elevaron el riesgo con sus decisiones negligentes.

 

 

El propio auto de archivo de la juez es demoledor para Pedro Sánchez y dista mucho de la absolución que se ha pretendido vender. Dice cosas terribles que demuestran cómo el Gobierno miró para otro lado y dejó que en España cayera una bomba biológica por una única razón: para no tener que suspender el 8M, toleró cientos de eventos multitudinarios y perdió días preciosos en la contención de una pandemia cuya gravedad le constaba de manera fehaciente.

Un solo párrafo del auto es suficiente: “Entre el 5 y el 14 de marzo, se celebraron 130 concentraciones y manifestaciones en Madrid (…) que supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública”.

O este otro: “No consta, en definitiva, que [Franco] velara por los derechos y las libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas ante la gravísima situación sanitaria del COVID-19".

Y uno más, definitivo: “Es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

Las claras negligencias

La propia juez, en fin, señala las flagrantes negligencias, pero de algún modo las eleva de rango: hay que buscar al responsable más arriba. A Franco le dibuja como lo que es: un dirigente que o no se enteraba o no se quería enterar porque las órdenes venían de arriba.

Este auto, en fin, deja claro los hechos y señala las responsabilidades en el desastre que estamos padeciendo. Solo libra, de momento, a uno de los posibles responsables.

Digan lo que digan el Gobierno y sus altavoces mediáticos, consagrados a la propaganda de una manera casi sonrojante, Rodríguez Medel ha puesto negro sobre blanco lo que ya sabíamos todos: aquí nadie evitó un contagio masivo que nos ha convertido en récord mundial de muerte y ruina. Los hechos y las consecuencias están claros: para señalar a un culpable penal concreto, no obstante, habrá que afinar más.

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