"Juana Rivas ha sido justamente condenada aunque firmaría su indulto"

Nos radiografía toda la actualidad legal: Juana Rivas ha sido justamente condenada aunque firmaría su indulto. No viajaría con Ryanair. El Supremo acierta denegando la puesta en libertad de los políticos presos en Cataluña. Habría que excarcelar a Zaplana, atendiendo a su leucemia. No hay motivo para imputar a Pablo Casado por el caso Máster. Y el Ayuntamiento de Valencia no debe permitir pintadas en el patrimonio público.

Repasada pormenorizadamente toda la actualidad, va al centro de la cuestión: hay que recuperar el valor de la presunción de inocencia porque un ciudadano no es libre por pintar en una calle sino por defender sus derechos. Pide limitar los tiempos de la instrucción para agilizar la Justicia y la personación de los partidos en procesos que afecten a políticos: ¿Qué pintaba el PSPV del Ayuntamiento de Valencia en el caso Noos?

Y tranquiliza: los conciertos educativos no están en peligro mientras no se modifique la legislación nacional. Se opone frontalmente a la eutanasia porque el derecho a la vida prevalece sobre la muerte. Y aboga por racionalizar el turno de oficio para que no se desregule un mercado colapsado, el de letrados en Valencia.

Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel y 6 sin ver a sus hijos por sustracción de los menores a su ex marido.

La señora Rivas utilizó a medios de comunicación y servicios sociales, puestos a su disposición por las administraciones andaluzas, para teatralizar la defensa de la custodia de sus hijos en un proceso de separación. Ha resultado justamente condenada.

Pese a lo cual, personalmente no dudaría en firmar su petición de indulto junto con una denuncia al Tribunal de Cuentas contra aquellos que en la Administración y, por tanto, con cargo al bolsillo de los andaluces le dieron alas, soporte y financiación.

Ningún país de la UE ha sufrido un atentado contra la democracia y la libertad de los ciudadanos más grave que el proceso de segregación promovido por los separatistas catalanes.

¿El Supremo es justo cuando vuelve a denegar la libertad para los políticos catalanes en prisión por el procés?

Tras el 23-F y el terrorismo, ningún país de la UE ha sufrido un atentado contra la democracia y la libertad de los ciudadanos más grave que el proceso de segregación promovido por los separatistas catalanes. Y ahora se sorprenden de las consecuencias judiciales de sus actos y maniobran para ganar con el apoyo económico-social-mediático de aquellos a los que han ido clientelizando y adoctrinando durante años. La Justicia seguirá pronunciándose. Y para que lo haga libremente, la presión mediática interesada y la confrotación social deben desaparecer. Y eso es muy difícil. Al final, los ciudadanos tenemos nuestros problemas y los que los poderosos quieren que tengamos. Y sus fines son los nuestros.

A raíz de la sentencia de la Manada, se ha abierto el melón de la reforma del Código Penal, introduciendo la figura del consentimiento en las relaciones sexuales.

Esta sentencia tiene dos votos a favor y uno particular. Hemos oído mucho en la calle sobre la misma pero estoy seguro que la mayoría de los que gritan no se han leído ni un 10% de la resolución. Si los delitos no recogen la sensibilidad social, el legislador debe reformarlo pero lo que no puede hacer el Poder Judicial es legislar ni el Legislativo, juzgar. Cada uno debe estar en su sitio y esta sentencia está recurrida y habrá un pronunciamiento final.

En España se producen por desgracia muchas violaciones que no tienen la trascendencia de ésta. Conozco el caso de una violación a una menor de 14 años en una ciudad castellana y la sentencia lo condena a 2 años de reeducación porque le faltaban unos días para alcanzar la edad penal. Y no ha ocupado ni una línea de periódico. Me parece asombroso.

El legislador es quien tiene la responsabilidad de estudiar los casos y entender si hay que revisar o no. No hablamos de la violación como tal, que exige una violencia que no tiene el abuso, y es esta la diferencia que nos lleva a la disquisición mediática, con el No es No. Es un gran problema educacional y social. Cuando la sociedad ha rebajado las relaciones sexuales de forma ilimitada y venimos a legislar sobre los consentimientos, creo que nos equivocamos. Es un problema educacional y no legal.

Esta misma semana se ha vuelto a denegar la libertad para el ex president Zaplana. ¿Debe seguir encarcelado?

Está enfermo y en prisión. Con todo respeto, si fuera un etarra estaría en la calle y creo que ya ha pasado.

¿Nos hemos cargado la presunción de inocencia?

Sí. El que entra por el objetivo de la imputación ya no se puede defender. En sentido estricto ha muerto y el Estado de Derecho, sin presunción de inocencia, se cae.

El PP se queja de que la presión es distinta dependiendo del partido político afectado.

Indudablemente y la impone la sociedad en general. Hay medios que no destinan ni un periodista a los ERE de Andalucía, sin ninguna cámara en los domicilios de Chaves y Griñán. Todo lo contrario de lo que vivió, por ejemplo, María José Alcón que tenía decenas de cámaras en la puerta de su casa.

¿Hay marcha atrás?

No la tiene. Toda la revisión que se pide del Estado del Derecho, debería empezar por fortificar la presunción de inocencia. Primero que nada, el ciudadano debe ser libre no para escribir en las paredes o para decir exabruptos en los medios de comunicación sino para que se garanticen sus derechos fundamentales.

Máster de Casado: Posiblemente faltan unos trabajos y haya convalidaciones no claras. Si esto es causa de imputación de una persona, es muy difícil que el resto de ciudadanos que hayan cursado un Máster no sean imputados.

¿Imputarán al recién elegido presidente del PP, Pablo Casado?

En principio, no habría motivo. Desconozco las interioridades del proceso pero lo que se lee es que en un Máster, posiblemente faltan unos trabajos y haya convalidaciones no claras. Si esto es causa de imputación de una persona en España, es muy difícil que el resto de ciudadanos que hayan cursado un Máster no sean imputados. Estoy seguro de que nadie que haya cursado un Máster pueda enseñar en este momento los trabajos que hizo. El deber de custodia no es exigible al alumno sino al profesor o al centro y, en cualquier caso, tiene una temporalidad. Si lo que se quiere es despretigiarlo, es insignificante si lo ha hecho o no porque lo que habría que considerar es el valor formativo. Y esto no quita para dejar claro que los ciudadanos que dicen haber hecho un Máster deben haberlo hecho.

¿La lentitud de la Justicia agrava estas situaciones?

Permite la injusticia. La extrema dilación del procedimiento, de hecho, es un atenuante que rebaja la pena. El legislador, para evitarlo, reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal y amplió de 8 días a 6 meses la instrucción, que es tiempo suficiente para investigar. Y si en este tiempo no se es capaz, se deja claro en qué casos concretos se puede ampliar pero no se pueden inventar otros injustificadamente. Los plazos están para cumplirse.

¿Está de acuerdo con la consellera Bravo cuando dice que respeta pero no comparte las personaciones de partidos en los procesos que afecten a otros políticos?

La consellera Bravo debería expresarse así en el pleno del Consell y, ya que no es militante socialista, que le envíe una nota a Ximo Puig para que la trasladara al PSPV y se retirara de todas las causas donde son acusación.

La acusación política no debería existir pero nos hemos dado cuenta cuando las acusaciones eran contra el PSOE. ¿Usted me quiere decir qué hace el PSOE del Ayuntamiento de Valencia personado en el caso Noos con Sandra Gómez como abogada? ¿Y quién ha pagado eso? Estas acusaciones son mediáticas.

El alcalde de Valencia autoriza que en una pared de un jardín público se pinte, yendo contra todas las ordenanza... consigues polemizar y que haya una ciudad crispada, que es lo que interesa a determinados partidos políticos.

Con el mural de Jesuitas donde se apoyaba a los condenados por agredir a guardias civiles y sus parejas en Alsasua, ¿se ha sobrepasado el límite de la libertad de expresión?

Lo que no acabo de entender es cómo el alcalde de Valencia autoriza que en una pared de un jardín público se pinte, yendo contra todas las ordenanzas municipales de conservación. Lo peor de todo es que se ve con normalidad. El Ayuntamiento de Valencia no puede acabar permitiendo que en las paredes de su patrimonio se puedan hacer pintadas libremente bajo el paraguas de las expresiones artísticas que no tienen por qué ejecutarse en los bienes patrimoniales sino en otros sitios. Cuando quieres encender la polémica, consigues polemizar y que haya una ciudad crispada, que es lo que interesa a determinados partidos políticos.

¿Se desenterrará a Franco?

No entiendo dónde está el interés. Afortunadamente, no es mi padre ni forma parte de mi familia porque si lo fuera, yo preferiría que estuviera con mi familia y no en un mausoleo pero no entiendo que se haga un debate de Estado o se gaste dinero público. Si el gobierno actual entiende que es un tema prioritario, yo no lo veo porque entiendo que deben trabajar siempre en los temas prioritarios para el interés general.

Ryanair es un operador oportunista que vive de la polémica, que no atiende oficinas aquí, que tributa en el extranjero y que maltrata a trabajadores y usuarios.

Estamos en proceso estival con las típicas huelgas en compañías aéreas. ¿Qué derechos nos asisten?

Ryanair es un operador oportunista que vive de la polémica, que no atiende oficinas aquí, que tributa en el extranjero y que maltrata a trabajadores y usuarios. Además, cobra a las administraciones para traer turistas low cost. No es una empresa ejemplar. Una mala política reguladora del mercado les ha permitido tener una hegemonía en el sector que empieza a ser discutida. Es muy arriesgado viajar con Ryanair aunque sea más barato. Así que mi consejo es no viajar con ellos.

La Generalitat quieren que los padres que apuestan por la educación concertada sean perseguidos.

El goteo de reveses judiciales a la reversión de conciertos educativos es constante. ¿En qué punto nos encontramos?

La Administración, si nada lo impide, está perdiendo todos los procesos, incluso con costas. Las últimas sentencias fortifican más porque se ha determinado que las resoluciones de la Conselleria d’Educació se dictaron con informes en contra de Inspección que se han encontrado encriptados en los ordenadores y el conseller adoptó las resoluciones sin razonamientos. Aún sabiendo que están tomadas sin justificación, la Generalitat las está recurriendo al Supremo porque no quieren poner paz en este asunto. Quieren que permanezca en el debate social y que los padres que quieren educación concertada sean perseguidos.

¿Están en riesgo los conciertos?

Los conciertos no pueden acabar porque responden a la libertad de elección de los padres y los tribunales así lo ratifican. Sólo podrían desaparecer por un cambio en la legislación nacional. Y la Conselleria d’ Educació debe cumplirla.

¿Y los conciertos con los centros de menores? Hace justo un año se cerró el centro de Segorbe que regentaban las Terciarias Capuchinas.

Dependían de la Conselleria de Igualdad. En un momento dado entran en una polémica mediática increíble como consecuencia de la necesidad que tenían de poner la paja en el ojo ajeno y que no se viera el pilón en el propio. La Administración intentó con la política del ventilador que los centros regentados por órdenes religiosas estuvieran en el ojo del huracán y no los públicos, donde leímos que al parecer se vendía droga y había prostitución infantil, que se está enjuiciando actualmente. Y eso había que taparlo. La polémica sigue y está judicializada y esperemos que se devuelva la verdad y recuperen su función social desarrollada desde hace más de 100 años. Hay muchos operadores de mercado que no dependen de organizaciones sin ánimo de lucro sino de empresas mercantiles, radicadas en Cataluña, que han ido sustituyendo a los centros religiosos. La Justicia, si lo considera, lo corregirá.

¿Es fácil ocupar una vivienda?

Hay una tremenda desprotección de la propiedad privada que está protegida por la Constitución. No se hace el esfuerzo necesario para que sea debidamente respetada porque se pone por encima el derecho a la vivienda. Si te ocupan una propiedad, tienes un problema gordísimo porque no hay medios policiales para solucionarlo. Y el juez a veces no tiene prisa.

¿Es bueno aumentar de 3 a 5 años los contratos de alquiler, como ha propuesto el Gobierno?

Se redujo porque se entendió que beneficiaría en la contención de precios que, de todas formas, han estado contenidos durante la crisis. Ahora se pretende dar una mayor seguridad jurídica al arrendatario que es a quien le beneficia esta ampliación, evitando la volatilidad del precio. Al final lo que administramos es un problema no resuelto, que es la vivienda. Hace unos años, una de las preocupaciones más importantes del CIS era la carencia de viviendas de tal forma que había que construir cientos de miles de viviendas de protección pública en toda España. Esto pasó a la Historia porque el político no legislaba por la necesidad comprobada sino por lo que le decía el CIS y no se puede legislar por el CIS que lo que dice es lo que importa de lo que se pregunta. En aquel momento, todo el mundo quería tener una vivienda para revenderla y ganar dinero pero no porque tuviera necesidad. Seguimos sin atender el problema real que se recoge en la Constitución del derecho a una vivienda que no abordan ni gobiernos de derechas ni de izquierdas. En épocas de crisis en que el suelo está barato, se debería aprovechar para nacionalizar espacios donde hacer viviendas sociales.

¿Se está criminalizando la economía colaborativa?

Mientras el soporte sea informático, ha llegado para quedarse. La economía colaborativa en parte es verdad y en parte, mentira porque hay un sector que opera como intermediario a cambio de beneficios. Dudo yo que Uber o Cabify sean colaborativos.

¿Los apartamentos turísticos deberían regularse con una ley estatal?

Hay cosas que no deberían ser competencia de las ordenanzas municipales y esto debería ser algo regulado a nivel autonómico o nacional pero es muy difícil ponerle puertas al campo que es el espacio informático.

Hay más abogados de los que se necesitan. Hay tantos en Valencia como en París y es uno de los grandes problemas de nuestra profesión.

El Constitucional ha anulado la ley estrella del Consell del Botànic, la de Vivienda Social. ¿Es una resolución justa?

Lógicamente y no sé por qué se legisla en una competencia estatal. Hay derechos constitucionales que no pueden ser trastocados por necesidades de gobiernos autonómicos.

¿Eutanasia, sí o no?

Tendríamos que asustarnos. El derecho a la vida está por encima del derecho a la muerte. Imagínese que en un mal momento, una persona hace un legado en el que dice que si se encuentro mal, que lo maten y pierde la conciencia habiendo cambiado de opinión el día de antes. La eutanasia no es un remedio sino el gran fallo de la sociedad que no sepa acoger o ciudar a una persona.

Cosa distinta son los cuidados paliativos no para matar sino para evitar el innecesario alargamiento de la agonía según criterios médicos y con autorización de la familia, que está lejos de la eutanasia.

¿Cómo gestionar las herencias?

Primero, irse a vivir a Madrid y justificar que se vive allí o pelear por una armonización fiscal en todas las autonomías. Es una absoluta cafrada que en función de donde se viva se pague una cosa u otra.

En lo familiar, el patrimonio más importante es la educación, el cariño y el respeto. Si entramos en lo económico, lo que se debe hacer es intentar repartir con equidad y justicia entre los herederos, analizando bien que es su última responsabilidad.

Si no hay descendientes, heredan los ascendientes. Todos los legados están para corregir posibles injusticias y por ello se deben estudiar con mimo y contención.

¿Sobran abogados?

Sí, hay más abogados de los que se necesitan. Hay tantos en Valencia como en París y es uno de los grandes problemas de nuestra profesión. Cualquiera dice que lo es: por ejemplo un interventor de la línea de metro es también abogado o quien regenta una tienda también lo es. Todo el mundo acaba siendo abogado. Hay exceso en general pero el ámbito de las nuevas tecnologías está por explorar y hay carencia de conocimientos jurídicos y de regulación.

La Justicia gratuita en España debería estar mejor regulada porque hace competencia desleal y no es que yo ponga en duda que se garantice la asistencia gratuita para quien no tiene medios pero sin desregular el mercado. Es muy difícil de cambiar porque hay un grandísimo número de abogados, a los que respeto profundamente, que viven de ello pero hay abuso por parte de la ciudadanía.

¿Mediación o juicio?

España es un país de mucha contienda porque es innato en nuestra conciencia. Para mediar entre dos partes, debe haber voluntad mutua. Muchas veces hay conflictos irreconciliables y necesitamos que nos den o nos quiten la razón. En España, la mediación no es la panacea.

¿Son caros?

Un abogado debe ser útil y justo y debe estar bien remunerado para su función. Es caro si va a ejercer una actividad innecesaria.