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Una nueva decisión judicial avergüenza a Susana Díaz y lastra sus aspiraciones
La investigación del escándalo de los ERE fraudulentos sobrevuela de forma recurrente sobre la presidenta andaluza y compromete su supuesto proyecto regenerador para el PSOE.
Aunque la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no oculta sus aspiraciones para dar el salto nacional y dirigir el PSOE, el gran agujero negro de la corrupción en aquella comunidad amenaza con frenar su ascenso al trono de Ferraz.
El juez Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha procesado a 16 personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta y el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, en relación a la ayuda sociolaboral concedida a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica.
En un auto fechado el 5 de octubre, el magistrado de refuerzo considera que los hechos investigados dentro de la pieza separada relativa a Surcolor -la tercera donde se dicta auto de procesamiento tras las de Acyco y del procedimiento específico- podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
De este modo, procesa a seis ex altos cargos de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Además, procesa a Juan Lanzas, al presunto testaferro de los ERE Juan Francisco Algarín, a los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, a un abogado, a dos intrusos -uno de ellos concuñado de Antonio Rivas-, a los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, y a un representante sindical.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, que cite a declarar como investigados (antes imputados) a los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera por la ayuda concedida en 2001 a la empresa Yogures Andaluces S.A
