La Delegación explora cómo prohibir la manifestación y que parezca cosa de Ayuso

La manifestación convocada para el domingo 27 de septiembre en Madrid en protesta por las "medidas segregadoras" de Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un quebradero de cabeza para el delegado del Gobierno en Madrid, que no quiere enfrentarse a otro 8-M.

No prohibir aquella concentración feminista cuando el coronavirus ya había enseñado sus fauces en España le ocasionó a José Manuel Franco no pocos problemas. Fue imputado por un presunto delito de prevaricación por una juez de Instrucción, Carmen Rodriguez-Medel, que finalmente absolvió al también secretario general del PSOE de Madrid. 

Franco no quiere que la historia se repita y este martes apeló públicamente a la responsabilidad de todos, empezando por los socialistas, porque "no es el momento para salir a la calle". Aunque a renglón seguido respaldó las reivindicaciones de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Asociación en Defensa de la Sanidad Púbica de Madrid, Podemos, Más Madrid, IU y los sindicatos, que son los firmantes. 

El PSOE de Madrid también firmó inicialmente, pero este martes se bajó del barco en señal de buena voluntad tras la tregua firmada el lunes entre Pedro Sánchez y la presidenta madrileña.

El caso es que la pelota está en el tejado de Franco y quiere pasársela a la Comunidad de Madrid, para que sea el Gobierno de Díaz Ayuso el que asuma el coste de una decisión tan controvertida como puede ser prohibir la manifestación (y por tanto un derecho fundamental) amparándose en motivos de salud pública. 

El delegado del Gobierno pedirá un informe a la Consejería de Sanidad sobre el 27-S

"Si él puede, la prohíbe", deslizan en el entorno del delegado. Primero tiene que llegar la comunicación de los convocantes -tienen hasta 48 horas antes para hacerlo- con la hora, lugar, recorrido y demás detalles. De momento lo único que se sabe es que quieren organizar una especie de cadena humana.

Después, fuentes de la Delegación del Gobierno explican a ESdiario que el delegado pedirá un informe a la Consejería de Sanidad para que se pronuncie sobre la conveniencia o no de celebrar la protesta, puesto que una vez dejado atrás el estado de alarma las competencias en materia sanitaria volvieron a ser autonómicas. 

Ese informe es el que Franco tiene previsto utilizar como salvaguardia para que esta vez ni política ni judicialmente le salpique el 27-S. Ocurre que, sin embargo, desde la Consejería de Enrique Ruiz Escudero señalan a este periódico que ellos no tienen intención ni obligación de emitir un informe y derivan toda responsabilidad a la ventanilla del delegado. He ahí el tira y afloja político. 

Hasta el verano, la Delegación del Gobierno tenía pautado pedir opinión a la Consejería de Sanidad antes de cualquier manifestación o concentración. En verano, ambas administraciones acordaron cambiar el sistema y entretanto, sin haber llegado a acordar uno nuevo, se han topado con la protesta del 27 de septiembre.

Si finalmente la Consejería de Ruiz Escudero se negara a enviar un informe a Franco, la Delegación hará público que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha querido pronunciarse.

Si Sanidad redacta el informe y no ve inconveniente en que prevalezcan los derechos fundamentales de reunión y manifestación, la Delegación se lavará las manos y no pondrá impedimento. Si por el contrario la Consejería de Sanidad se opone a la protesta de la izquierda, Franco la prohibirá escudándose en ello.

"Siempre hay activismo contra el mismo Gobierno", se quejó la presidenta madrileña este lunes tras su reunión con Pedro Sánchez.