La mano derecha de Puigdemont amenaza ahora a Europa con arruinarla

No es suficiente con amedrentar a España para lograr sus objetivos, sino que es necesario apuntar más alto para que todas las instituciones se plieguen ante los deseos secesionistas, por ello han decidido colocar en la diana a toda Europa.

Esa es la estrategia que ha comenzado a poner en práctica Toni Comín, la mano derecha del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ya eurodiputado por JxCat, augurando un problema económico continental para "acabar de ganar". Y además, lo hace cuando se le acaban de abrir las puertas del Parlamento Europeo tras la sentencia del Tribunal comunitario que le ha permitido tener como altavoz un escaño en Bruselas.

De hecho, Comín ha asegurado que para conseguir la independencia de Cataluña, se deberían hacer más cosas a parte de votar, y algunas de ellas, duras: "¿Es suficiente el desgaste reputacional del Estado? ¿O tenemos que ir también a un desgaste económico? Podría ser que tengamos que ser un problema también económico para Europa para acabar de ganar".

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 Junto a ello, en una entrevista en el Ara, ha aseverado que no se debe renunciar nunca a ninguna vía democrática que sea eficaz y compatible con el derecho internacional, tras ser preguntado por su opinión de que ERC haya descartado la palabra unilateral en su congreso del sábado.

Comín ha asegurado que no entendería un pacto entre ERC y el PSOE si este no implica avanzar hacia la autodeterminación y la amnistía, y ha explicado que él está condicionado por su experiencia con los socialistas: "Cuando acompañé a Pasqual Maragall a negociar el Estatut y el PSOE lo traicionó".

"Amnistía"

Por otra parte, cree que la Justicia Europa refuerza "la estrategia del exilio y confirma que tenía mucho sentido y que es imprescindible" y ha avisado al magistrado Pablo Llarena, sobre las euroórdenes, que no debería pedir el suplicatorio por los riesgos que le puede suponer.

El eurodiputado ha agregado, además, que considera que el Estado debería aprovechar la oportunidad que le da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar "la estrategia de la judicialización y cerrarla definitivamente", además de avanzar hacia una ley de amnistía.