El brutal auto contra el Gobierno por el 8M: "Puede haber delito de lesiones"

La gestión del coronavirus desde Moncloa ya está en el juzgado. Una denuncia de un ciudadano anónimo ha aierto la caja de Pandora, de incierto recorrido para Pedro Sánchez, con un primer problema judicial del que se libra el presidente, de momento, por su condición de aforado.

Pero no ya de entrada su gestión política en estos días de muertes, enfermos, hospitales saturados y un confinamiento masivo de millones de españoles en sus casas. El auto judicial, al que ha accedido ESdiario, llega a recomendar al denunciante que se persone ante el Tribunal Supremo para interponer acciones directas contra Sánchez, recordándole que su juzgado no tiene jurisdiscción con el jefe del Ejecutivo.

Pero rechaza expresamente archivar sin más la causa e, incluso, anticipa delitos que se se hubieran cometer permitiendo las concentraciones del 8M con el coronavirus. En concreto, sin desechar la acusación de prevaricación administrativa presente en la denuncia, la magistrada explica en su auto que "la calificación jurídica puede ser ésta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional, ex Artículo 152. CP, grave o menos grave (en cuyo caso requeriría denuncia del perjudicado como condición de perseguibilidad), aunque, a priori, sin perjuicio de que se recabe dictamen pericial forense sobre este particular, la relación de
causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica".

Primera denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por prevaricar con el 8-M

Es decir, la jueza aprecia razones para no tirar la denuncia a la papelera, añade eventuales responsabilidades penales a las que el propio ciudadano consigna y, eso sí, considera muy difícil probar la relación de causa y efecto entre la convocatoria de las marchas y el número de contagios que pudiera haber provocado.

La jurista, Carmen Rodríguez Medel, es muy poco sospechosa de actuar con un impulso político y, al contrario, es conocida por su rigor sea quien sea la "víctima": con una larga trayectoria, fue por ejemplo la responsable del "Caso Cifuentes", aquel regalo en forma de máster universitario que le costó el puesto a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

La denuncia, centrada ahora por no estar aforado en el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y hombre fuerte del socialismo madrileño, José Manuel Franco, tienes unas hondas repercusiones políticas más allá de las estrictamente jurídicas.

"Puede ser la primera de muchas", reconocen fuentes políticas a ESdiario, conscientes de que tanto el PP como VOX no han dejado de observar las consecuencias jurídicas que pudiera tener la gestión del Gobierno en esta pandemia, aunque reconocen que ahora es pronto para abrir ese frente.

De hecho, el mismo abogado que ha presentado esta denuncia ya ha cursado otra contra el propio Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo, tal y como sugería en su auto la jueza Rodríguez Medel en su auto, informa Javier Ruiz de Vergara para ESdiario.

La jueza, la misma que para Cifuentes, no archiva el caso y ordena al forense que estudie si el 8M provocó contagios masivos

Mientras, la jueza ya ha adoptado decisiones muy llamativas, entre otras ordenar al experto que haga un estudio sobre el asunto crucial: "Que por el Médico Forense adscrito a este órgano judicial se emita informe sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".

Lo cierto es que, pese al empeño del Gobierno en situar el 9M el inicio de la epidemia, los hechos evidencian que el 8M ya era muy consciente de la gravedad de la alerta sanitaria, como este jueves "confesó" casi sin querer el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, al decir literalmente lo siguiente: 

"Nosotros estimamos que hacia la última semana de febrero se produjo el contagio importante en algunas partes de España y en concreto en Madrid".  No es el único hecho documentado que demuestra que Sánchez era plenamente consciente de la dimensión de la alerta y que permitió, en aquel fin de semana, incontables eventos con presencia masiva de ciudadanos y no solo las marchas feministas.

Lo sabían desde febrero

El 23 de enero, la OMS emitió un comunicado a todos los países alertando, de manera casi dramática, del traslado del COVID-19 a Europa, con Italia ya en plena emergencia. Y solo una semana después, Sanidad despreció la visita de un experto en Salud Pública de la OMC que catalogó el virus en el "tipo 4", de extrema gravedad, pese a lo cual fue tramitado con dos grados menos de relevancia. El propio ministro de Ciencia, Pedro Duque, reconoció públicamente que desde el 2 de febrero ya les constaba la emergencia en marcha.