Un montón de 140 millones en forma de agujero

Carmen Montón se fue, pero su legado lo vamos a notar los valencianos durante algún tiempo más. De momento las cuentas de la Generalitat pueden sumar un nuevo agujero de 140 millones.

Ése sería el resultado de la aplicación de la sentencia del TSJCV que ha validado muy recientemente mediante auto el Tribunal Supremo, por la que obliga a la Conselleria de Sanidad a recalcular las liquidaciones con las concesiones hospitalarias de la Comunidad Valenciana.

Las 5 concesiones (Manises, Torrevieja, Denia, Elche, y La Ribera hasta su reversión) mantienen contratos con la Generalitat merced a los cuales la Administración les abona una cantidad (“cápita”) por cada paciente potencial al que vaya a atender en su departamento. Esas cantidades se revisan en anualmente -aunque no puntualmente- atendiendo a factores correctores como población atendida y otros gastos abonados por la Conselleria por cuenta de la concesión, constituyendo lo que se conoce como “liquidaciones”.

Carmen Montón llegó a decir en octubre de 2017 en un acto público que las concesionarias debían a la Conselleria 300 millones de euros en concepto de liquidaciones hasta 2015. De esos 300, aproximadamente la mitad podrían caer de las cuentas de la Generalitat, que presupuestó el dinero que reclamaba Montón, hasta provocar un nuevo agujero en las cuentas públicas.

A Manises Montón le pedía 178 millones. Y Manises reclamó judicialmente por no estar de acuerdo con los criterios de cálculo. El TSJ le dio la razón, y ahora el TS ha tumbado el correspondiente recurso del departamento que dirigió Montón en la Generalitat antes de ser ministra y acabar dimitiendo por el escándalo de su máster plagiado.

Los tribunales avalan las liquidaciones de ese hospital hasta 2013, pero instan a recalcular hasta llegar a un acuerdo las de 2015 y siguientes. A la baja. Es decir, que habrá que atenerse a los acuerdos que se adopten en las comisiones mixtas, que son los órganos competentes según los pliegos de condiciones, y que Conselleria se saltó a la torera al modificar unilateralmente en 2015 las cuentas de 2009 y 2010 que habían sido aprobadas en Comisión Mixta, lo que motivó la protesta de Manises.

Esta forma de actuar de la conselleria tuvo también por víctima a Ribera Salud, a la que le exigían 102 millones de euros de unas liquidaciones que no estaban cerradas, las de 2013 a 2015. La empresa viene reclamando sin éxito desde enero de 2017 la convocatoria de la Comisión Mixta.

Fuentes del sector cifran en unos 60 millones la diferencia de criterio liquidador para Manises, unos 40 millones para Alzira, y otros 40-50 millones para las demás concesiones. Los Presupuestos de la Generalitat para 2018 computan 300 millones en ingresos por liquidaciones hasta 2015, que podrían quedarse en unos 160, con los otros 140 como agujero.

La cápita y las liquidaciones (del libro “Carmen Montón, sin concesiones”, editorial Crónica Global)

En el caso general de la sanidad valenciana la concesión se basa en la contraprestación o pago de una cantidad anual fija y preestablecida (la misma para las cinco concesiones existentes) por cada habitante adscrito al correspondiente Departamento de Salud. En 2016 se estableció el pago de 775,45 euros por cada paciente potencial librados mediante el concepto de pago capitativo, frente a los 933,84 euros de cápita en el resto de departamentos, para los que la consellería cuenta con sus correspondientes presupuestos.

Conviene no confundir el concepto de la cápita con el del gasto público sanitario o coste por habitante, que en La Ribera es de 841 euros y de 964 euros de media para la Comunidad Valenciana, según un informe de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consellería. Este coste total incluye partidas que no figuran contempladas en la cápita, como transporte sanitario, oxigenoterapia, farmacia de receta, y prótesis. Volviendo a la concesionaria del servicio en un departamento, ésta paga el 100% del coste del tratamiento de un paciente que decida trasladarse o haya de ser trasladado a otro.

En cambio, para los procedentes de otros departamentos que decidan ser tratados en la concesión la empresa factura a la consellería sólo el 80% del coste. De esta manera se garantiza que estas empresas no prioricen la captación de pacientes de otras áreas sino que encuentren su margen de negocio en la fidelización de los pacientes de la suya. En cuanto a los beneficios de las concesionarias (los de todas), también están prefijados y pueden ser como mucho del 7% TIR (tasa de rentabilidad). Ribera Salud asegura que en el mejor de los casos Alzira ha llegado al 0,99%.



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