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Bélgica vuelve a desairar a Sánchez con una provocadora ofensa diplomática
Cada vez está más claro que el gobierno belga no parece dispuesto a hacerle las cosas fáciles a España en sus relaciones diplomáticas. Ahora llega la última puñalada.
Lo mismo acoge en su territorio a prófugos de la justicia española que hace la vida imposible a los diplomáticos acreditados en su suelo. El mundo al revés.
El Gobierno belga ha rechazado renovar la Tarjeta de Identidad Especial (TIE) de ocho funcionarias españolas que trabajan en la Embajada de España en Bélgica desde hace casi 40 años, lo que les supondrá, además de pérdidas económicas, perder la inviolabilidad diplomática, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En un comunicado, el sindicato ha explicado que el Gobierno belga, en contra del criterio que seguía desde 1980, ha alegado que las funcionarias llevan demasiados años en el país y, por lo tanto, ya no tienen consideración de personal diplomático, sino de mero personal administrativo y les exige que tributen en Bélgica -hasta ahora lo hacían en España- como residentes extranjeros.
Ante esta situación, CSIF ha pedido explicaciones y ha solicitado al Gobierno español que interceda. El Ministerio del que dependen las funcionarias, el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, espera que sea posible renovar su acreditación por un número limitado de años como vía "razonable" para resolver esta situación.
De hecho, en un escrito remitido al sindicato, Trabajo ha explicado que, desde 2015, el personal español desplazado solo puede permanecer cinco años en el exterior, de manera que situaciones como esta no se darán en el futuro. Trabajo ha remitido el caso a Exteriores, que es el Ministerio competente de la interlocución con Bélgica.
Desde el año 1980, la Dirección de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores belga acreditaba a estas funcionarias como personal técnico y administrativo de la Embajada de España y con residencia no permanente, en aplicación de la Convención de Viena que recoge los privilegios e inmunidades de este colectivo.
Ahora, CSIF ha presentado un escrito para que el Gobierno defienda a las afectadas, que quedan en un "limbo jurídico".
