La jueza desmonta la versión de Moncloa y seguirá con la investigación del 8m

La jueza que intruye el caso sobre el impacto del 8M en la expansión del coronavirus ha desmontado la versión de la Abogacía del Estado con su última maniobra. Los defensores del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, intentaron desprestigiar la labor de la instructora alegando que pretendía abrir una "causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria". Un argumento que ella misma se ha encargado de desacreditar.

Y es que, en el recurso presentado por la abogada del Estado Rosa María Seoane, se argumentaba que la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha ido más allá de investigar el 8M , al solicitar a la Guardia Civil información "no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".

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 Sin embargo, ahora ha rechazado la imputación del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, instada por la Asociación Contra la Gestión del Coronavirus en calidad de acusación, sobre el que ya hay dos investigaciones judiciales abiertas.

Así, Rodríguez Medel ha dejado claro que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones por el delegado del Gobierno en Madrid, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020", desmontando por completo una de las razones esgrimidas por la Abogacía para pedir la nulidad del juicio.

Sin embargo, la instructora seguirá adelante con la causa abierta contra el delegado del Gobierno, a pesar de que de nuevo los defensores de Franco han intentado cuestionar su actuación por devolver al médico forense el informe realizado con el "afán" de poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes.

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De hecho, los letrados del Estado consideran que es "innecesario, inútil e impertinente" en relación al presunto delito de prevaricación que se investiga, algo que "sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes".

Pero, a pesar de las palabras de la Abogacía del Estado, lo cierto es que en el último párrafo del informe el forense decía que "lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

Por ello, la jueza de Plaza de Castilla de Madrid acordó en una providencia con fecha del pasado 25 de mayo remitir de nuevo la causa al experto adscrito al juzgado por si considera preciso "ampliar" su informe, una vez recibido el encargado a la Guardia Civil como policía judicial.