La responsable de LGTBI del PSOE al borde de ser imputada por un asunto de motos

Isabel García en un acto en valencia homenaje a Zerolo

Isabel García en un acto en valencia homenaje a Zerolo

Fiscalía pide la imputación de la diputada de Deportes de la Diputación por otorgar supuestamente 'a dedo' una subvención de 60.000 euros al expiloto Champi Herreros.

La apuesta de la Diputación de Valencia en patrocinio de un equipo de motociclismo formado íntegramente por mujeres podría haberle resultado muy cara a la institución, ya no sólo económicamente hablando, sino también a nivel judicial. 

La diputada de Deportes de la institución, Isabel García, y responsable de la Delegación LGTBI Federal del PSOE (creada en septiembre de 2017), está a un paso de ser imputada por malversación de caudales públicos por otorgar supuestamente 'a dedo' una subvención de 60.000 al expiloto de motos Manuel 'Champi' Herreros.

La creación del Champi Women Racing, primer equipo de motociclismo, como decimos, formado íntegramente por mujeres -como informó  ESdiarioCV-, tiene visos de ser constitutiva de delito, tal como el Grupo Popular y el  Ciudadanos de la Diputación de Valencia denunciaron en su día. 

La corporación provincial otorgó al Club de Motociclismo Champi Competition, en agosto de 2016, una subvención de  60.000 euros, saltándose la normativa para la concesión de las subvenciones impuesta por la propia corporación provincial, cuando todavía era presidente de la Diputación Jorge Rodríguez, que dejó el cargo en julio de 2018, tras ser imputado por malversación en el "caso Alquería". Las ayudas se aprobaron en Junta de Gobierno por PSPV, Compromís, València en Comú e EU.

En septiembre de 2018, la Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación penal para iniciar la investigación sobre dicha subvención, ya que el Club de Motociclismo Champi Competition no se había inscrito en el Registro de Entidades Deportivas ni cuando se publicó la convocatoria -19 de julio de 2016- ni cuando finalizó el plazo para presentar la solicitud -18 de agosto de 2016-, por lo que no se había constituido legalmente pese a que era una condición imprescindible para acceder a estas ayudas a clubes de élite. Poco después, el 13 de septiembre, se aprobó su inscripción.

Ahora, la Fiscalía Provincial ha llegado a la conclusión de que las diligencias de investigación penal que tenía abiertas contra la diputada socialista Isabel García, podrían ser constitutivas de delito de malversación de caudales públicos y, por ello, ha enviado al decanato de los juzgados un escrito para que "se incoe el oportuno procedimiento penal".

Según consta en el escrito de la fiscal, la subvención se saltó la normativa, pues "resulta que la constitución e inscripción del club Champi Competition fue posterior al momento de la publicación de la convocatoria y al día que finalizó el plazo de la presentación de solicitudes, esto es, el 18 de agosto".

El escrito prosigue diciendo que "la solicitud de inscripción y el acta de constitución son de fecha de 22 de julio de 2016, pero la resolución de inscripción tiene fecha de 14 de septiembre de 2016 y, en base a ello, no se cumplían no solo lo estipulado en la base segunda (clubes legalmente constituidos) de la convocatoria, sino los requisitos exigidos en las bases primera (realizar temporada entre septiembre de 2015 y del 2016), tercera (son subvencionables clubes que acrediten gran relevancia) y quinta (aportar informe de la Federación) al no estar constituido el club".

La fiscal del caso, más allá de lo denunciado, pidió documentación oficial que pudiera acreditar o descartar dicha denuncia. Fue la propia Conselleria de Deportes la que el pasado 5 de diciembre de 2018 envió documentación que acreditaba que "el club Champi Competition fue inscrito con resolución 14 de septiembre", es decir, dos meses después del límite de las bases de la Diputación de Valencia. Incluso, la Conselleria afirmó que el "Champi Woman Racing Team (subvencionado) y el Champi Middem (clubes también subvencionados como parte de un todo) no constan en dicho registro".

Esa información ha reforzado las sospechas de la fiscal, que ve un posible delito en el comportamiento de Isabel García. Ahora, el Decanato de los Juzgados deberá repartir la causa a un juzgado de Instrucción de la ciudad de Valencia, donde el juez decidirá sobre la apertura de la investigación.

Casos de 'posible corrupción en la Diputación de Valencia'

El caso de la diputada de Deportes, no es el único que ha salpicado a la institución por posible corrupción. Como saben, el pasado 2018 fue un año "negro" para el gobierno del cuatripartito en la corporación provincial y la imputación de Isabel García podría ser la tercera a la que se enfrenta la Diputación de Valencia.

A finales de junio de 2018, el presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez era detenido junto a otras cinco personas vinculadas al PSOE y a Compromís por su presunta implicación en un caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. 

En octubre de 2018, el diputado de Cultura, portavoz de Compromís en la institución y concejal de Picanya, Xavier Rius, fue citado como investigado por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Valencia, tras admitir a trámite una querella de la portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de actores-mimos para la exposición permanente del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM).

Ahora, Isabel García podría ser la tercera imputada. Los motivos, los mismos: otorgar presuntamente a dedo subvenciones. Una cuestión denunciada en infinidad de ocasiones por el cuatripartito que gobierna en la institución y adoptada como un compromiso de gestión. La vicepresidenta de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, presumió de ello en noviembre de 2017 cuando dijo que la Diputación de Valencia había reducido las ayudas discrecionales -es decir, aquellas que se otorgan sin criterios objetivos- de los 34,4 millones que se destinaban en 2014 a los 4 millones que se destinaron el 2017.  Y  sentenció "Está muy claro. Gobernar con justicia o gobernar para los amigos. Repartir con criterios o hacer clientelismo concediendo a dedo. No solo es una manera de hablar, es una manera de hacer, y los números son bien claros".

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