El Gobierno pospone su "gran golpe" catalán mientras crece la impaciencia

La Generalitat ha entrado en tal dinámica en su ofensiva final por el referéndum independentista, que este martes presentó ante la sociedad civil y en el Teatro Nacional de Cataluña su Ley del Referéndum bajo el lema Acto de Garantías por la Democracia.

Pero si algo hay en esa hoja de ruta de Carles Puigdemont son pocas garantías para un proceso que pretende declarar la independencia de Cataluña apenas 48 horas después de la consulta, con el único requisito de que el sí venza al no. Aunque sea con mayoría simple y sin importar el nivel de participación.

De esta forma, la normativa ad hoc presentada por Junts Pel Sí y la CUP tras consultar a "multitud de expertos" declara al Parlament soberano y le habilita para impulsar el referéndum de independencia del 1 de octubre con resultados vinculantes.

Y el debate ha irrumpido ya en el Gobierno, la Fiscalía y los Servicios Jurídicos del Estado. Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tachó de "profundamente antidemocrática" la iniciativa presentada por JxSí y la CUP por lo que nunca, enfatizó, entrará en vigor. "Este proyecto de ley nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico porque es manifiestamente antidemocrático, y es contrario a la Constitución, al Estatut y a la democracia", recalcó.

Por su parte, la Fiscalía General anunció que no actuará de momento contra el proyecto de ley, al tratarse de un texto que aún puede verse modificado durante la tramitación que seguirá en el Parlamento de Cataluña. 

Fuentes del Ministerio Público explicaron que este departamento no suele actuar ante el Tribunal Constitucional ni tampoco en el ámbito penal mientras las actuaciones relativas a este asunto no sean actos con efectos jurídicos. En este caso, la rueda de prensa en la que se presentó la Ley no pasa de ser una mera declaración política, según estas mismas fuentes.

Pero algunas voces en el PP instan ya al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a actuar, en la línea con lo que señaló este martes el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Blanco: el anuncio de la comisión de un delito también es delito. 

Lo que está claro es que el contenido de la norma anunciada supone una desobediencia clara y expresa a las órdenes del Tribunal Constitucional, que ha prohibido cualquier acto preparatorio del referéndum de independencia.

No obstante desde La Moncloa insisten en que tienen muy claros los pasos que hay que dar y cuándo hay que darlos, como contó la semana pasada el propio Rajoy a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP, pidiéndoles que confiaran en él. 

En el acto de presentación de este proyecto de ley, en el que participaron los parlamentarios Lluis Llach, Jordi Turull y Marta Rovira, el Gobierno catalán explicó la hoja de ruta tras el 1-0. Si ese día hay más votos afirmativos que negativos, eso implicará la independencia de Cataluña.

En este caso, el Parlament se compromete a proclamar la secesión, garantizar la transitoriedad jurídica hasta tener una nueva constitución e iniciar el proceso constituyente. Si, por el contrario, hay más noes que síes, el siguiente paso será la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas.

Además, según adelantó el Govern, el proyecto de la ley dice que los ayuntamientos cederán los locales. Los trabajadores que participen sean funcionarios o no lo sean lo harán de manera voluntaria.  Y todos estarán protegidos por la ley. Su ley.