19 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La abogada del Estado basa su defensa del 8-M en una tesis falsa y con un error

La abogada del Estado que lleva la defensa del delegado del Gobierno en Madrid.

La abogada del Estado que lleva la defensa del delegado del Gobierno en Madrid.

La letrada Rosa María Seoane desacredita el informe de la Guardia Civil por inconsistente mientras presenta un recurso de apelación con un andamiaje muy endeble que cae a plomo.

La abogada del Estado que lleva la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, Rosa María Seoane, cree que la juez instructora ha abierto una "causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".

Así lo pone de manifiesto en el recurso de apelación que ha presentado en la Audiencia Provincial de Madrid contra la apertura del procedimiento que, por lo pronto, se ha llevado por delante al coronel Diego Pérez de los Cobos y ha provocado un cisma entre el ministro del Interior y la Guardia Civil. 

Procedimiento en el que está imputado el delegado, José Manuel Franco, que deberá declarar el viernes 5 de junio ante la juez Carmen Rodríguez-Medel como imputado por un presunto delito prevaricación al no prohibir la manifestación del 8-M por motivos sanitarios. 

Ocurre, sin embargo, que el recurso presentado por Seoane se fundamenta en una falsedad: que antes de la declaración del estado de alarma no hubo resolución alguna que limitara las concentraciones de personas. 

La abogada del Estado basa su recurso en una tesis falsa y fácilmente desmontable

La abogada del Estado lo expresa en estos términos, como tesis troncal de su recurso: "Lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad. Había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones". 

No es verdad. Sí las había. No del Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí de los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja, que para entonces eran tres de los cuatro grandes focos del coronavirus en España (junto con la ciudad de Vitoria).  

Así que lo irónico es que la abogada del Estado desacredita el informe de la Guardia Civil porque según ella se basa en "meras sospechas e hipótesis" y, en paralelo, su recurso de apelación tiene un andamiaje tan endeble que basta con revisar los boletines oficiales de la Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja para derribarlo.

De la propaganda a lo publicado en el BOE 

El martes 10 de marzo, dos días después de las marchas feministas, se celebró un Consejo de Ministros. A su término el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la prohibición de las actividades de más de 1.000 personas en espacios cerrados en esas zonas calientes. Y para todo el país supuestamente quedaban prohibidos los eventos deportivos multitudinarios. 

La ministra portavoz y el de Sanidad el 10 de marzo en aquella rueda de prensa en Moncloa.

 

Sin embargo, a pesar de la solemnidad con la que Illa hizo el anuncio, ni lo uno ni lo otro llegó a publicarse en el BOE en los días siguientes. Puesto que su publicación es condición sine qua non para su entrada en vigor, tales prohibiciones no existieron hasta la entrada en vigor del estado de alarma, el sábado 14 de marzo. 

De ahí, probablemente, la confusión de la abogada del delegado del Gobierno en Madrid, que revisó el BOE pero pasó por alto comprobar cómo hubo gobiernos autonómicos que sí se lo tomaron más en serio y llevaron a término tales prohibiciones en vez de limitarse a los anuncios y la propaganda. 

La Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja publicaron en sus respectivos boletines el miércoles 11 de marzo la prohibición de actividades de más de 1.000 personas en espacios cerrados y la realización a puerta cerrada de los grandes eventos deportivos. 

Lo que echa por tierra la afirmación de la abogada Seoane de que hasta el 14 de marzo "no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas".

Ésta es la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid:

 

Ésta, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña:

 

Y ésta, en el Boletín Oficial de La Rioja:

 

 

En el caso del País Vasco, donde se encontraba el cuarto foco inicial (Vitoria), la Lendakaritza no publicó en su Boletín Oficial la prohibición de actividades colectivas a puerta cerrada ("que impliquen a más de 500 personas") hasta el sábado 14 de marzo, coincidiendo con la entrada en vigor del estado de alarma. Ahí sí. 

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